El 28 de julio de 2004, Salvatore Mancuso y otros jefes paramilitares de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) aparecieron en el Congreso de la República. Su objetivo era defender la Ley de Justicia y Paz, el marco jurídico que acompañaría la desmovilización de ese grupo armado. La imagen de los máximos responsables de algunas de las peores masacres del conflicto ocupando la tribuna del Congreso mientras las víctimas seguían invisibles marcó un punto de inflexión en la historia del país.
El origen de la Ley de Víctimas
Tres años después, en julio de 2007, se realizó en Bogotá el Primer Encuentro Nacional de Víctimas. Más de 2.500 personas llegaron desde todos los rincones del país para hablar de la violencia sufrida por cuenta de paramilitares, guerrillas y agentes del Estado. El Congreso abrió sus puertas para escuchar testimonios desgarradores: madres buscando a sus desaparecidos, campesinos expulsados de sus tierras y sobrevivientes de masacres.
El exministro Juan Fernando Cristo, autor de la iniciativa, recuerda que la idea nació de una conversación con la periodista Diana Sofía Giraldo, quien trabajaba con víctimas del terrorismo. "Me dijo: 'A las víctimas nadie las ha escuchado en este país y menos el Congreso. ¿Por qué no hacemos una audiencia pública para escucharlas?'", relata Cristo. La propuesta enfrentó resistencias, especialmente del uribismo, que negaba la existencia de un conflicto armado interno. Sin embargo, la audiencia se realizó y duró doce horas.
El camino hacia la ley
La Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de Víctimas, fue precedida por un primer intento que el entonces presidente Álvaro Uribe bloqueó por falta de presupuesto. En 2011, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, la ley fue aprobada con el apoyo del Partido Liberal. Cristo destaca que la ley no solo reconoció a las víctimas, sino que también abrió el camino para el Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC. "Santos decía que esa ley era la cuota inicial del Acuerdo de Paz porque el Estado reconoció que había víctimas y que había conflicto armado", explica.
Logros y deudas pendientes
La ley ha permitido indemnizar a más de un millón y medio de víctimas, un hito a nivel mundial. Sin embargo, a 15 años de su promulgación, persisten importantes deudas. Luis Alfonso Castillo, coordinador del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), señala que "la indemnización es solamente un elemento de la reparación integral. La reparación también incluye medidas de satisfacción, medidas de justicia y medidas que permitan la incorporación de las víctimas al desarrollo social".
Cristo reconoce que "la principal falencia ha sido la propia falencia del Estado colombiano para poder atender y reparar a todas las víctimas". No obstante, insiste en que "nadie en el mundo entero ha indemnizado un millón y medio de víctimas. Los colombianos deberíamos sentirnos orgullosos de que el Estado haya tomado la iniciativa de reparar a sus víctimas".
El desafío actual
Hoy, la cifra de víctimas ronda los 10 millones, y la pregunta central ya no es solo sobre su representación y visibilidad, sino cuánto tiempo más seguirán esperando ser escuchadas y reparadas. La Comisión de la Verdad, en palabras de su presidente, el padre Francisco de Roux, dijo que "si hiciéramos un minuto de silencio por cada una de las víctimas del conflicto armado, el país tendría que estar en silencio durante 17 años".
La Ley de Víctimas sigue siendo un instrumento fundamental para exigir derechos, pero el camino hacia la reparación integral aún está lejos de completarse.
