El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, reivindicó este domingo el derecho de su país a controlar la inmigración irregular, señalando que esta ejerce una presión adicional sobre los recursos nacionales. Sin embargo, rechazó categóricamente la ola de ataques xenófobos que han sufrido los migrantes africanos en los últimos meses.
Discurso a la nación
En un discurso transmitido a nivel nacional, Ramaphosa reconoció que Sudáfrica enfrenta niveles persistentemente altos de desempleo y que muchas familias tienen dificultades para llegar a fin de mes. "Demasiadas comunidades sufren pobreza", afirmó, y advirtió que en esas circunstancias "la frustración puede dirigirse fácilmente hacia aquellos a quienes se percibe como competidores por los puestos de trabajo y los recursos".
No obstante, el mandatario fue claro al señalar que "la inmigración ilegal no es la causa de todos nuestros problemas económicos", aunque sí consideró que representa un problema importante porque "supone un riesgo para la seguridad y la estabilidad de Sudáfrica" y "una carga adicional para servicios esenciales como la sanidad o la educación".
Derecho a aplicar políticas migratorias
Ramaphosa subrayó que "Sudáfrica tiene derecho a aplicar políticas y medidas destinadas a prevenir la migración irregular", pero enfatizó que "solo los funcionarios públicos autorizados pueden actuar contra las infracciones de la ley". En ese sentido, advirtió que ninguna persona está autorizada a abordar a alguien en la calle para exigirle que acredite su identidad, y que no se permitirá que ciertos grupos utilicen las preocupaciones legítimas de los sudafricanos para desestabilizar el país.
El presidente prometió fortalecer el sistema migratorio y las leyes correspondientes, así como erradicar las prácticas corruptas en este ámbito.
Protestas y tensiones crecientes
En los últimos meses, el movimiento antiinmigración sudafricano March & March ha convocado protestas, algunas violentas, contra migrantes irregulares, a quienes culpan de los problemas económicos, la deficiente prestación de servicios públicos y las altas tasas de delincuencia. Grupos antiinmigración han exigido a ciertos extranjeros que abandonen el país antes del 30 de junio y han impedido que migrantes africanos accedan a atención médica y educación en instalaciones públicas.
Esta situación llevó a Ghana a solicitar el 7 de mayo a la Unión Africana que aborde los ataques xenófobos y envíe una misión de investigación a Sudáfrica. La tensión se ha extendido a países como Guinea-Bisáu y Nigeria, que convocaron a los embajadores sudafricanos en sus territorios. El Gobierno nigeriano informó que unos 130 compatriotas solicitaron ser repatriados tras los ataques, mientras que al menos 300 mozambiqueños regresaron a su país por sus propios medios la semana pasada.
Cientos de personas de Ghana, Malaui y Zimbabue han sido repatriadas por sus Gobiernos, y Kenia, Malaui y Lesoto emitieron alertas de seguridad para sus ciudadanos en Sudáfrica. El Gobierno sudafricano ha condenado estos ataques.
Un problema recurrente
Las tensiones xenófobas son un problema recurrente en Sudáfrica, que acoge a casi tres millones de extranjeros, de los cuales el 90 % provienen de otras naciones africanas. Esta situación ha provocado oleadas de protestas violentas, especialmente en los barrios más vulnerables. Las más graves ocurrieron a finales de 2019, cuando 18 extranjeros murieron, según datos de la ONG Human Rights Watch.
