La sensación de felicidad que experimentan algunas personas al no tener que pagar una obligación o un servicio no deja de ser ingenua si se piensa que ello implica que nadie asume el costo. La producción de bienes o la prestación de servicios siempre conlleva un costo asociado, pues se debe remunerar el capital y la mano de obra utilizados, lo que normalmente se transfiere al comprador a través del precio. Pero si este no lo paga, dicho costo se traslada a otro comprador o al propio productor en la cadena económica.
El costo oculto de no pagar
En el ámbito de la política pública, este fenómeno es aún más evidente. Cuando alguien no paga por un bien o servicio, la carga termina recayendo en los contribuyentes, convirtiéndose en un subsidio del Estado. Por eso existe la famosa frase que dice que en economía no hay tal cosa como el almuerzo gratis.
Ejemplo 1: El no cobro de peajes
Un caso claro es el no cobro de peajes en carreteras del Eje Cafetero o de Santander. Esto genera un beneficio para quienes usan con frecuencia esas vías o para los habitantes de las poblaciones cercanas, y dicho beneficio tiene un rédito político que se pretende explotar. Sin embargo, eso no significa que alguien no deba pagar. Usualmente, los peajes se utilizan para remunerar al concesionario que realizó las inversiones iniciales y mantiene la vía, en el caso del esquema privado; o para que el Invías realice el mantenimiento de la carretera, en el esquema público. Si el objetivo es mantener la vía en buen estado para el libre tránsito de mercancías y personas, ese pago debe hacerlo alguien. Lo que se supone es que será el presupuesto general de la Nación. Así, el peaje pasa de ser un cobro a los usuarios de las vías a ser financiado por el presupuesto que fondean todos los contribuyentes del país, incluso quienes no usan esas carreteras.
Ejemplo 2: La erosión de la cultura de pago
El segundo ejemplo tiene que ver con la erosión de la cultura de pago al sistema financiero, que ha ganado tracción entre los consumidores en los últimos años. Si bien los colombianos son, en general, “buena paga”, hay elementos recientes que empiezan a afectar esa cultura. Destacan medidas legislativas que eliminan el historial crediticio de las personas, incentivando el no pago porque siempre habrá una amnistía, o el mal uso de la figura de la insolvencia, donde fraudulentamente se beneficia a personas, incentivando que no cumplan con sus obligaciones.
Sin embargo, como siempre, al final alguien termina pagando. En este caso, dada la naturaleza del sistema financiero como guardián del ahorro del público, lo que termina sucediendo es que se endurecen las políticas de riesgo de las entidades, con dos consecuencias: por un lado, la disminución de la probabilidad de acceso al crédito para muchos hogares y empresas; por otro, el seguro incremento de las tasas de interés. Así las cosas, la moda de querer incentivar el no pago de las obligaciones solo termina generando distorsiones en los mercados, beneficiando a unos grupos en perjuicio de grandes porciones de la población. Esto es todavía más grave porque el paganini de última instancia siempre es el Estado, que hoy está hasta el tope en materia de déficit y con cientos de necesidades sin resolver en el país.
El camino correcto: eficiencia y cumplimiento
Por ello, en vez del “no pago”, la política pública debe enfocarse en garantizar un sector público eficiente que provea los bienes públicos esenciales y promueva la iniciativa privada y el cumplimiento de las obligaciones.
