El arresto en Arizona de la influencer mexicana Karla Toledo, conocida como 'Karlangas', quien llegó a Estados Unidos cuando era niña, refleja el creciente número de detenciones de jóvenes beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Daca) bajo la administración de Donald Trump.
Una corte desestima la deportación de Karla Toledo
La polémica crece entre la comunidad latina de Arizona tras la detención de la mexicana de 30 años por agentes de ICE el 18 de mayo en Tucson. Fue trasladada a un centro de detención y enfrentó una audiencia para su posible deportación pese a ser beneficiaria de Daca. Sin embargo, el caso fue desestimado este jueves por una corte de inmigración.
'Sin duda, los Daca estamos en la mira de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE). Temo que seamos un nuevo blanco para incrementar sus cifras de deportaciones', dijo Toledo, originaria del estado mexicano de Sonora.
El programa Daca y su situación actual
El entonces presidente Barack Obama estableció el programa en 2012 para proteger a jóvenes indocumentados que llegaron cuando eran niños a EE. UU., con sus padres indocumentados. En la segunda gestión de Trump y pese a esta protección, ha habido al menos 261 de estos jóvenes arrestados y 86 deportados por ICE, según las últimas cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), entre el 1 de enero y el 19 de noviembre de 2025.
Actualmente, Daca está cerrado para nuevos solicitantes y aquellos aprobados previamente deben renovar este beneficio cada dos años. Estos jóvenes son conocidos como 'dreamers' (soñadores), un grupo más amplio de inmigrantes que llegaron al país siendo niños y que cumplen ciertos criterios de residencia y adaptación, aunque no todos están protegidos por Daca.
La influencer denuncia abusos
Activistas en Arizona protestaron tras divulgarse imágenes de agentes de ICE mientras entran de forma violenta a la vivienda de Toledo en Tucson. La mexicana, quien llegó a EE. UU. cuando tenía un año de edad y trabaja con organizaciones defensoras de migrantes, pasó varios días detenida en el Centro de Detenciones de Eloy, de donde salió, en parte, por la presión ejercida por la misma comunidad.
'Sin duda mis derechos civiles fueron violados, entraron a mi casa sin una orden de arresto y me detuvieron a pesar de que les dije que tenía DACA', denunció la mexicana. ICE acusó a Toledo de 'haber agredido a un agente', de haber ingresado a los Estados Unidos de manera irregular el 12 de octubre de 2024, y dijo que los oficiales estaban en ese lugar 'buscando a otra persona'. Toledo respondió: 'Es mentira, yo nunca ataqué a ningún agente, sí les grité, pero creo que cualquier persona hubiera reaccionado igual si ve agentes de ICE entrando a tu hogar sin presentar una orden legal'. Aclaró que salió del país en 2024 para visitar la tumba de su padre en Sonora, pero aseguró que tenía un permiso otorgado por el mismo Gobierno federal.
Toledo relató que durante sus días en el centro de detención se percató de las precarias condiciones que padecen los migrantes en estos lugares y de la falta urgente de información legal.
Un caso de cientos
El caso de Toledo no es aislado, pues se suma a historias recientes como la del empresario mexicano Guillermo Aguilar, deportado a México tras casi 40 años de vivir en EE. UU., a donde llegó cuando tenía cinco años, pese a estar casado con una ciudadana estadounidense. La Administración Trump ha argumentado que Daca no proporciona un 'estatus legal' y es una 'discreción procesal'.
De acuerdo con las más recientes cifras del DHS, hasta el pasado 24 de septiembre de 2024 cerca de 537.000 migrantes contaban con la protección de DACA, pero en septiembre de 2025 el número descendió a 32.000. Esto evidencia una drástica reducción en el número de beneficiarios, lo que aumenta la vulnerabilidad de los dreamers ante las políticas migratorias actuales.
