Un juez federal anuló la tarifa de 100.000 dólares que el presidente Donald Trump había impuesto para las solicitudes de visa H-1B, lo que representa un alivio significativo para las empresas tecnológicas estadounidenses que dependen de la contratación de trabajadores extranjeros cualificados. El decreto presidencial, que incrementaba drásticamente el costo de esta popular visa, fue considerado un impuesto ilegal y debe ser anulado, según declaró el juez de distrito Leo T. Sorokin, de Massachusetts, en un fallo emitido el lunes.
Gobierno apelará la decisión
El gobierno anunció que apelará la decisión, que representa un revés para la campaña de la administración Trump de restringir la inmigración e impulsar la demanda de trabajadores estadounidenses. Sorokin falló a favor de California y otros 19 estados que interpusieron una demanda para bloquear la tarifa, argumentando que la medida excedía la autoridad de Trump y sería especialmente perjudicial para sectores públicos clave, como la educación y la sanidad.
“El tribunal determina que la política impone un impuesto a las solicitudes H-1B sin la delegación requerida por el Congreso”, declaró Sorokin en el fallo.
Casa Blanca impugna el fallo
La Casa Blanca impugnó la decisión del juez y anunció que apelará. “El presidente Trump tiene clara autoridad legal para restringir la entrada de cualquier categoría de extranjeros que considere que no beneficia a los intereses de Estados Unidos, y eso es precisamente lo que hizo”, afirmó la portavoz Taylor Rogers en un comunicado. “El programa H-1B ha sido objeto de abusos durante décadas, y el presidente Trump finalmente tomó medidas para corregirlo. Un juez federal en Washington ya ratificó una orden casi idéntica, y la administración confía en que esta orden será revocada en apelación”.
Contexto del litigio
Este caso es uno de al menos tres litigios que impugnan la iniciativa. La Cámara de Comercio de Estados Unidos y una empresa de reclutamiento de enfermeras han presentado dos demandas separadas contra la política de la administración. En diciembre, un juez rechazó la solicitud de la Cámara para bloquear la tarifa, y la Cámara apeló la decisión ante un tribunal federal de apelaciones en Washington.
El programa de visas H-1B es un pilar fundamental de la inmigración basada en el empleo, ya que permite a las empresas estadounidenses contratar trabajadores extranjeros con formación universitaria para puestos especializados. En septiembre, Trump firmó una proclamación para aumentar la tarifa de solicitud con el fin de desalentar el abuso por parte de las empresas de un programa que, según él, desplaza a los trabajadores estadounidenses.
Cambios administrativos
La tarifa, que expiraría al cabo de un año a menos que la administración la renovara, fue el primero de varios cambios administrativos destinados a endurecer las normas y regulaciones del popular programa de visas para trabajadores altamente cualificados. La administración también ha propuesto aumentar el salario mínimo que deben percibir los trabajadores con visa H-1B y ha modificado las reglas de su lotería anual de visas H-1B para dar preferencia a los trabajadores extranjeros mejor pagados.
Las visas H-1B se otorgan mediante un sistema de lotería, pero se utilizan principalmente en el sector tecnológico. Amazon.com Inc., Tata Consultancy Services Ltd., Microsoft Corp., Meta Platforms Inc. y Apple Inc. se encuentran entre las empresas con mayor número de visas H-1B, según el gobierno estadounidense.
Defensa de la administración
La administración ha defendido la tarifa de solicitud como un paso necesario para reformar el programa de visas H-1B. Afirman que dicha tarifa no es un impuesto, ya que no la recauda el Servicio de Impuestos Internos (IRS) ni genera ingresos. El gobierno también argumentó que el presidente tiene “amplia discreción” para restringir la entrada de extranjeros al país.
Sorokin citó el reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que anuló los aranceles globales generalizados de Trump para determinar que el presidente no tiene autoridad unilateral para imponer impuestos o aranceles en situaciones donde la ley no es explícita. “Un lenguaje ambiguo no es suficiente para establecer la delegación del poder tributario”, afirmó.
Estados demandantes
El caso está liderado por el Fiscal General de California, Rob Bonta, y la Fiscal General de Massachusetts, Andrea Joy Campbell. Otros estados que han presentado demandas son Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maryland, Michigan, Minnesota, Nueva York, Carolina del Norte, Nevada, Nueva Jersey, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington y Wisconsin. El caso es Estado de California contra Mullin, 25-cv-13829, Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito de Massachusetts.
