Desde que Donald Trump asumió el mandato a principios de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha emitido 65.101 multas por sanciones civiles, sumando más de US$36.000 millones en deudas exigidas a personas indocumentadas. El gobierno defiende estas políticas como una herramienta necesaria para frenar la entrada ilegal y prevenir violaciones a la ley.
Base legal de las multas
Esta medida se sustenta en la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal de 1996, que faculta al gobierno para cobrar hasta US$998 por cada día que un migrante permanezca en Estados Unidos después de recibir una orden definitiva de deportación. El objetivo central es forzar la “autoexpulsión” de quienes residen en el país con órdenes de deportación vigentes.
El “Proyecto Retorno” como complemento
Además de las multas, la administración Trump ha implementado el “Proyecto Retorno”, una iniciativa que invita a los migrantes a utilizar una aplicación de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para registrar su intención de salida voluntaria del país, a cambio de un incentivo económico de aproximadamente US$2.600 y asistencia para el viaje de regreso a su país de origen. Cabe destacar que esta medida ya se intentó durante el primer gobierno de Trump, pero mediante multas enviadas por correo, sin obtener los resultados esperados: apenas se recaudaron US$4.215, lo que llevó a la suspensión del programa en 2021, durante el mandato de Joe Biden.
Plazos y montos elevados
El DHS otorga a las personas un plazo de solo 15 días para pagar su deuda o presentar una objeción formal. Estas multas civiles han alcanzado montos de hasta US$1,8 millones por persona, afectando no solo a quienes buscan vivir en EE.UU., sino también a migrantes indocumentados que llevan hasta 25 años en el país e incluso a parejas de ciudadanos estadounidenses que están en proceso de regularización.
“Es crear un entorno tan insoportable para quienes carecen de estatus legal que no les quede otra opción que la autoexpulsión”, afirmó Hasan Shafiqullah, abogada de The Legal Aid Society. Expertos en derechos civiles señalan que estas medidas pretenden generar una “campaña de miedo” disfrazada de política pública.
