El presidente de Chile, José Antonio Kast, confirmó este domingo el envío al Congreso de dos reformas que buscan endurecer el control migratorio en el país, ampliando de cinco a 60 días prorrogables la retención de extranjeros irregulares para concretar su expulsión. La medida fue anunciada desde el Complejo Fronterizo Chacalluta, en la región de Arica, donde el mandatario subrayó la necesidad de enfrentar la inmigración irregular con mayores herramientas legales.
Reforma constitucional y cambios en la Ley de Migración
La iniciativa incluye una reforma constitucional que permita modificar la Ley de Migración y Extranjería para adecuarla a los nuevos parámetros. El proyecto contempla dos posibles prórrogas de hasta 60 días, siempre que existan razones debidamente fundadas. Kast explicó que estas medidas otorgan al Estado más herramientas para aplicar sanciones administrativas, no penales, a personas que ingresaron regularmente pero ya cuentan con decretos de expulsión.
Endurecimiento penal contra el tráfico de migrantes
Además, Kast anunció un proyecto de ley que busca castigar la entrada y salida irregular de migrantes, así como perseguir a quienes faciliten su traslado. La propuesta modifica el Código Penal para tipificar como delito agravado el traslado de inmigrantes irregulares dentro del territorio nacional, incluyendo el tráfico de inmigrantes en el retorno a sus países cuando sea irregular.
Kast, primer mandatario de extrema derecha en llegar al poder en Chile desde el retorno a la democracia, prometió en campaña mano dura contra la migración irregular. Desde su llegada a La Moneda, impulsó la construcción de zanjas en el desierto de Atacama, en la frontera con Perú y Bolivia, como parte de su estrategia de control fronterizo.
Cifras de migración irregular en Chile
Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en Chile hay actualmente más de 330.000 extranjeros en situación irregular. En 2025 se registraron 26.275 denuncias de ingreso por paso no habilitado, lo que representa una disminución del 10,2 % respecto a 2024 y del 53,6 % frente al máximo histórico de 2021, cuando hubo 56.586 denuncias. La mayoría de los ingresos irregulares corresponden a ciudadanos venezolanos, según las autoridades.
Expulsiones y relaciones diplomáticas
El año pasado fue el que más expulsiones administrativas registró desde 2016, con un total de 23.778. De estas, el 64,2 % afectó a venezolanos, el 12,7 % a colombianos y el 11,9 % a bolivianos. Sin embargo, de las expulsiones materializadas, el 50,7 % correspondió a colombianos, debido a que Chile y Venezuela suspendieron relaciones diplomáticas el 30 de enero de 2025, lo que imposibilita la ejecución de expulsiones a nacionales venezolanos.
