El gobierno de Chile, liderado por el presidente José Antonio Kast, anunció el jueves que presentará una reforma legislativa para extender de cinco a 180 días el período de detención de inmigrantes en situación irregular mientras se tramita su expulsión del país. La medida busca abordar el aumento de la inmigración ilegal y la percepción de inseguridad asociada.
Contexto de la reforma migratoria
José Antonio Kast, abogado de extrema derecha de 60 años, asumió la presidencia en marzo de 2026 con la promesa de expulsar a aproximadamente 330.000 inmigrantes sin permiso de residencia que residen en Chile. Según el mandatario, esta población ha contribuido al incremento de la inseguridad en el país. Durante su primer discurso sobre el Estado de la Nación, Kast subrayó la necesidad de fortalecer el control migratorio y la capacidad de expulsión efectiva.
Detalles de la propuesta
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, explicó que el proyecto de ley permitirá que la detención provisional de un migrante indocumentado que cometa un delito se extienda hasta 180 días, tiempo suficiente para gestionar su expulsión. Actualmente, el plazo es de solo cinco días, lo que resulta insuficiente, ya que muchas personas quedan en libertad y no pueden ser localizadas posteriormente. Arrau hizo estas declaraciones durante un operativo policial de fiscalización de migrantes, aunque no precisó la fecha de presentación de la reforma.
Otras medidas anunciadas
Además de la ampliación del plazo de detención, el gobierno impulsa un proyecto de ley para tipificar como delito el ingreso ilegal a Chile, que actualmente se considera solo una falta administrativa. Kast también mencionó que incentivará la salida voluntaria de inmigrantes ilegales, ofreciendo el perdón de multas y la posibilidad de regresar en el futuro de forma regular.
Reacciones y perspectivas
La reforma ha generado debate en la sociedad chilena. Mientras el gobierno defiende la medida como necesaria para garantizar la seguridad y el orden migratorio, organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por posibles violaciones a las garantías procesales de los detenidos. Se espera que el proyecto sea discutido en el Congreso en las próximas semanas.
