Un juez de la Audiencia Nacional española ha solicitado a las autoridades judiciales de Venezuela información sobre catorce miembros de la organización terrorista ETA que residían en ese país en abril de 2025. Entre ellos se encuentra José Ignacio de Juana Chaos, considerado uno de los terroristas más sanguinarios de la banda.
Comisión rogatoria por cambio político en Venezuela
En una resolución adelantada por el diario El País y a la que tuvo acceso EFE, el magistrado Francisco de Jorge Mesas libró una comisión rogatoria en la que señala que el cambio político ocurrido recientemente en Venezuela, tras la caída de Nicolás Maduro en enero de este año, permite inferir una colaboración para acceder a los datos solicitados por la acusación popular que ejerce la asociación Dignidad y Justicia.
Investigación sobre el Colectivo de Huidos Políticos Vascos
El magistrado busca “poder determinar la participación de las personas reseñadas en el delito de integración en organización terrorista” dentro de una causa abierta en 2024 sobre el autodenominado Colectivo de Huidos Políticos Vascos. El juez pide a Venezuela información sobre la vinculación o pertenencia de los catorce miembros de ETA a este colectivo de refugiados, las labores de enlace que realizaban y su grado de responsabilidad en el seno del mismo.
Además, el mismo juez ha emitido otra comisión rogatoria a las autoridades judiciales de Estados Unidos para que faciliten la documentación o información que se encuentre en el procedimiento judicial seguido contra el exdirector de Inteligencia Militar venezolana Hugo Armando Carvajal. Esta solicitud se relaciona con los miembros de ETA huidos de la justicia española residentes en Venezuela y su vinculación o pertenencia al colectivo de refugiados de la organización criminal.
Dependencia orgánica de la dirección de ETA
En su escrito, el juez recuerda que el Ministerio Fiscal, en su dictamen y en la querella inicial, considera que el Colectivo de Refugiados de ETA habría tenido una dependencia orgánica de la dirección de la banda criminal. A través de los órganos de su estructura, la dirección habría hecho un seguimiento sobre ellos, les prestaría asistencia jurídica y económica y mantendría un control sobre sus miembros.
Por ello, el magistrado considera útil la investigación propuesta por la acción popular y estima que el cambio político en Venezuela permite inferir una colaboración para acceder a los datos solicitados, los cuales pueden verse respaldados por la declaración testifical del exdirector de Inteligencia Militar venezolana, actualmente en prisión en Estados Unidos.
