El control migratorio en el sur de Florida está a punto de experimentar un cambio significativo. Matthew Castillo, quien hasta ahora se desempeñaba como jefe de policía de la pequeña localidad de Miami Springs, asumirá a mediados de junio la dirección del Departamento de Policía de Doral, una ciudad que alberga una de las mayores concentraciones de migrantes venezolanos y colombianos en Estados Unidos.
Castillo ha sido reconocido en círculos republicanos por su implacable y eficaz aplicación del programa de deportación exprés de la administración de Donald Trump. Sus cifras son reveladoras: en Miami Springs, un suburbio residencial de apenas 13.000 habitantes y 47 oficiales activos, logró superar en arrestos migratorios a grandes cuerpos policiales como la Policía de Miami y la Oficina del Alguacil de Miami-Dade.
Miami Springs registró 75 “encuentros” migratorios que derivaron en 50 arrestos efectivos. De estos, 16 se convirtieron en detenciones federales directas por violaciones civiles de inmigración. En contraste, la ciudad de Miami reportó 451 encuentros migratorios en el mismo periodo, pero solo uno terminó en arresto por motivos migratorios.
El 37 % de las personas afectadas por estos controles eran personas en situación de calle, de las cuales la mitad fue puesta bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para su posterior deportación. En cuanto a nacionalidades, los ciudadanos cubanos encabezaron los encuentros, seguidos por los de Colombia, Venezuela, Nicaragua, Argentina, Honduras, Jamaica, Senegal y Nigeria.
La clave del éxito: el acuerdo 287(g)
Según el Miami Herald, el éxito de su gestión radica en la implementación del polémico acuerdo 287(g), un convenio con ICE que autoriza y capacita a policías locales para ejercer funciones de agentes de inmigración. Este convenio le reportó al Departamento de Policía de Miami Springs 115.000 dólares en fondos federales para la compra de patrullas, lo que mejoró las capacidades de las autoridades locales.
Castillo también reconfiguró la estrategia local mediante el uso masivo de lectores de placas, cámaras de vigilancia avanzada y el procesamiento estricto de faltas menores, como infracciones de tránsito, violaciones de propiedad o licencias vencidas, como puerta de entrada para activar las órdenes de retención.
Críticas por detenciones discrecionales
Organizaciones defensoras de los derechos humanos, como el Community Justice Project, acusan a su departamento de realizar detenciones discrecionales de personas sin cargos criminales activos para entregarlas a ICE. La policía local solo tiene competencia para detener a alguien por violar leyes estatales o cometer delitos criminales. Las violaciones migratorias, como tener la visa vencida o haber cruzado la frontera sin papeles, son faltas civiles federales, no delitos estatales.
Las denuncias indican que los oficiales de Castillo utilizan cualquier sospecha menor para retener a las personas el tiempo suficiente hasta que ICE emita una orden de captura, lo que roza la ilegalidad constitucional. En la práctica, una infracción menor de tránsito, como el olvido de la licencia física, se convierte en el pretexto ideal para que el oficial active el protocolo del convenio 287(g).
En lugar de resolver el incidente con una citación o una multa ordinaria, como ocurriría con cualquier ciudadano estadounidense, el policía bajo la directriz de Castillo prolonga la custodia de forma artificial en la patrulla o en la estación. Durante esa ventana de retención forzada, que carece de sustento penal estatal, los datos de la persona se cruzan con los servidores de Washington para que ICE se encargue del caso y emita un arresto.
Incertidumbre en Doral
La llegada de Castillo a mediados de junio, en reemplazo de Edwin López, genera profunda incertidumbre en una ciudad de 83.000 habitantes que sirve de refugio para miles de familias suramericanas. A diferencia de Miami Springs, Doral reportó cero encuentros y cero arrestos migratorios en el último año. Aunque la ciudad firmó su propio acuerdo 287(g) con ICE en enero pasado, sus oficiales no han ejecutado detenciones, entre otras cosas por la falta de entrenamiento.
El perfil demográfico de Doral añade una enorme presión al cambio de mando. La ciudad también alberga una comunidad venezolana masiva cuyos estatus legales se encuentran en un limbo crítico, especialmente tras la revocación de los Permisos de Protección Temporal (TPS) y la acumulación de solicitudes de asilo pendientes bajo la actual línea migratoria de la Casa Blanca.
Aunque Castillo, de ascendencia cubana, asegura tener “empatía personal por el sacrificio de las familias inmigrantes” y promete mantener un enfoque de “policía constitucional”, la pasividad que caracterizaba a la ciudad frente a sus residentes extranjeros podría dar paso, en cuestión de semanas, a la restrictiva fórmula de vigilancia que convirtió a la pequeña Miami Springs en el brazo ejecutor más eficaz de ICE en el condado.
