Ciudad de México, 3 jun (EFE).- El Gobierno del estado mexicano de Sonora (norte) aseguró este miércoles que el gobernador estatal, Alfonso Durazo, tiene una visa vigente para Estados Unidos y que no ha sido notificado de ninguna investigación en su contra en el país vecino, después de que la prensa publicara que el político estaría siendo investigado por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Declaraciones oficiales
“Es completamente falsa la información publicada por el medio Los Angeles Times respecto del gobernador Alfonso Durazo Montaño. El gobernador cuenta con una visa vigente y no ha sido notificado de investigación alguna por parte de las autoridades de los Estados Unidos”, publicó en su cuenta de X la responsable de Comunicación Social del Ejecutivo de Sonora, Paloma María Terán.
La funcionaria afirmó que las autoridades estatales rechazan “categóricamente cualquier señalamiento sin sustento” y reafirmó el “compromiso con la verdad y transparencia”. Esta reacción se produce después de que el medio estadounidense Los Angeles Times publicara que Washington está investigando a los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y Tamaulipas (noreste), Américo Villarreal, a quienes habría retirado sus visas en el marco de las indagatorias.
Detalles de la investigación
El medio, que cita fuentes anónimas “familiarizadas con el caso”, asegura que estos dos políticos, del partido gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), están bajo sospecha de las autoridades del país norteamericano por sus presuntos vínculos con el crimen organizado y contrabando de combustible (conocido en México como ‘huachicol’). No obstante, el periódico señaló que ambos gobernadores continúan ingresando regularmente a Estados Unidos en el marco de programas de cooperación con autoridades de ese país.
Villarreal rechazó las acusaciones en un comunicado enviado al diario y las calificó como falsas.
Contexto político y presión de EE.UU.
De confirmarse esta investigación, supondría un paso más de la reciente campaña que Washington ha emprendido contra políticos mexicanos y sus vínculos con la delincuencia organizada, después de que en abril solicitara la detención urgente de diez funcionarios de Sinaloa, incluido el gobernador y un senador, por delitos relacionados con el narcotráfico.
Las revelaciones se producen en un contexto de creciente presión de la Administración del presidente Donald Trump sobre México para intensificar el combate a los carteles de la droga. Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump designó a varios carteles mexicanos como organizaciones terroristas y ha impulsado una estrategia más agresiva contra el narcotráfico.
La controversia surge además un día después de que la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, pidiera al embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, respetar los asuntos internos del país tras sus declaraciones sobre la cooperación bilateral en materia de seguridad.
