Madrid, 8 jun (EFE).- La exmilitante socialista Leire Díez ha calificado como una "injerencia desmesurada y desproporcionada" el acceso a sus comunicaciones durante un periodo de cinco años, y ha denunciado que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil accedió de manera ilegítima a su teléfono móvil tras su arresto en diciembre pasado. La defensa de Díez arremete así contra uno de los pilares fundamentales de la investigación, que comenzó por supuestas mordidas en contratos públicos y ha derivado en una presunta trama para desestabilizar procesos judiciales contra el PSOE y el Gobierno.
Contenido de los informes policiales
Los informes policiales incluidos en el sumario están repletos de conversaciones por mensajería mantenidas entre Leire Díez y otros investigados, así como grabaciones de conversaciones entre los implicados. Tras levantarse el secreto de sumario, han salido a la luz mensajes de Díez en los que, por ejemplo, afirmaba que su "prioridad en todo esto" es "el presidente" o "ayer hablando con Santos le dije que además de destruir lo malo, al presi hay que ayudarle a generar ecosistemas de apoyo".
Impugnación de la defensa
Sin embargo, la defensa de la también extrabajadora de las empresas públicas Enusa y Correos ha cuestionado el acceso a sus comunicaciones al recurrir el auto en el que el juez, a petición de la UCO, solicitaba a las operadoras telefónicas el listado de comunicaciones entrantes y salientes de Díez desde octubre de 2020 hasta diciembre de 2025, momento de su detención. La abogada sostiene que dicho visto bueno del juez parte "de una solicitud de la UCO que ha sido emitida a raíz de la intervención del teléfono móvil de los investigados en el momento de su detención y el acceso ilegítimo al mismo, pues solo a raíz de ello puede la UCO sospechar irregularidades en el contenido del teléfono y saber qué hay en él".
No existe, según la defensa, una base fáctica objetiva para autorizar tal medida, ya que la UCO no especificó en qué elementos se apoya para creer que existen comunicaciones de los investigados con otras personas o por qué tendrían relevancia penal. Rechaza así que "meras sospechas" puedan ser base para solicitar y acordar "la injerencia en las comunicaciones", y subraya "la nulidad de tal medida al partir de un acto completamente nulo por parte de la UCO".
Periodo extralimitado
Especialmente crítica es con el periodo "completamente extralimitado" de análisis de sus comunicaciones, cinco años, "cuando los hechos por los que se ha incoado la presente causa se circunscriben al periodo temporal 2021-2023". En su opinión, esa petición busca "obtener más posibles elementos probatorios". Por ello, considera que los investigadores han alegado "motivos genéricos y poco precisos para justificar la solicitud de la autorización judicial a tal medida" en una investigación que califica de "prospectiva".
Para la abogada, "habría sido tan sencillo como solicitar" a Díez que aportase sus comunicaciones entre 2021 y 2023. Con todo, la letrada pide revocar el auto que solicitaba a las compañías telefónicas el "listado de las comunicaciones entrantes y salientes" de Díez o, subsidiariamente, circunscribir la medida entre 2021 y 2023, expulsando de la causa "todas las comunicaciones, mensajes, llamadas, archivos y material instructor" que exceda ese periodo.
