Mientras Colombia debate encuestas, alianzas y segunda vuelta, conviene levantar la vista: mirar atrás sin rabia y adelante sin ingenuidad. Estos años dejaron una lección: las instituciones importan. No como fachada republicana, sino como defensa del ciudadano y de la democracia.
Cuando un acto administrativo viola una ley, una reforma tiene fines ilegítimos o un poder estira la Constitución hasta casi romperla, allí aparece, o debería aparecer, la institucionalidad. Para corregir, equilibrar y activar controles y contrapesos, indispensables en democracia.
No se trata de sospechar del próximo presidente ni de creer que todo cambio es amenaza. Gobernar no es tener un cheque en blanco. Es ejercer un mandato popular sujeto a límites. La democracia no se defiende solo en las urnas: se defiende cuando una Corte decide con independencia, cuando el Congreso controla, cuando el Banco de la República cuida la estabilidad, cuando la prensa pregunta y cuando los ciudadanos no aplaudimos atropello solo porque viene del lado que nos gusta.
La institucionalidad no es enemiga del cambio. Es el marco que permite un cambio legítimo y confiable. Una reforma discutida vale más que una impuesta por presión. Una política pública realista dura más que un anuncio. Un fallo acatado fortalece al gobernante, aunque lo incomode. Quien respeta las reglas no se achica; se legitima.
También hay que mirar la otra cara: las instituciones no se defienden desde la debilidad. Si un funcionario no cumple, debe responder. Si una entidad demora, debe mejorar. Si un control se politiza, pierde legitimidad. Defender la institucionalidad no es defender burocracias ni solemnidades vacías. Es exigir que funcionen, rindan cuentas y actúen según la Constitución. La independencia sin resultados termina siendo inocua.
También hay logros que no deben minimizarse. Las Cortes han servido de contrapeso. El Banco de la República ha sostenido la credibilidad de nuestras finanzas. La organización electoral ha mantenido reglas y ha demostrado transparencia. El Congreso ha mantenido el debate. La prensa y la sociedad civil han hecho preguntas incómodas. Pero sería ingenuo decir que todo funcionó bien. Vimos actuaciones cuestionables, controles débiles y correcciones tardías. ¿Ha habido diques? Sí. ¿Suficientes? No siempre.
La defensa institucional no puede quedarse en frase de cóctel. El ciudadano debe informarse y votar pensando en reglas. Empresarios y gremios deben defender estabilidad jurídica y autonomía técnica sin volverlo pelea partidista. El Congreso, controlar. Las Cortes proteger la Constitución, no competir por aplausos. Los órganos de control sancionar sin cálculos políticos. Y el Gobierno entender que respetar instituciones no debilita el liderazgo: lo civiliza.
La segunda vuelta pasará. También los eslóganes del día. Las instituciones quedan, o deberían quedar si las defendemos cuando incomodan y no solo cuando nos favorecen. Colombia necesita serenidad. Allí se protegen derechos, empleo, ahorro, inversión, expresión libre y reglas iguales.
Colombia puede cambiar gobiernos, prioridades y debates. Lo que no puede perder es la convicción de que nadie está por encima de las reglas.
