En un encuentro convocado para presentar un balance del cierre de su gestión de gobierno y destacar la entrega de tierras en el departamento de Córdoba el 5 de junio, el presidente Gustavo Petro aprovechó el escenario para realizar cuestionamientos electorales hacia los sectores de la oposición. A pocos días de la segunda vuelta presidencial, programada para el 21 de junio, el mandatario hizo referencia a quién ocuparía su lugar en la Casa de Nariño. “No podemos olvidar lo que pasó en estas tierras. Por nada podemos devolverle la Casa de Nariño a los espectros de la muerte”, expresó.
El discurso fue transmitido por la Presidencia de la República y al evento no asistieron las principales autoridades departamentales. Aunque Petro concentró sus críticas en delinear el perfil del aspirante que compite contra el Pacto Histórico, evitó pronunciar su nombre propio. Durante una intervención donde también resaltó los resultados de la política de Reforma Agraria, el presidente hizo un llamado a defender los avances sociales impulsados por su Gobierno y advirtió sobre un posible retroceso político y social si sectores asociados con el paramilitarismo asumieran el poder.
“Cualquiera que sea la decisión del pueblo de Colombia, espero que consulte su cerebro y su corazón y no nos devuelva al tiempo de los paracos que asesinaron a tantos campesinos y campesinas en Colombia. Triste el país que con su propio voto popular lleva a los que esgrimieron las sierras eléctricas y despedazaron y metieron en fosas comunes y llevaron a hornos crematorios al pueblo humilde de Colombia”, afirmó. En sus declaraciones, Petro también describió al candidato opositor como un "jovencillo" de Miami que no conoce a Colombia, pero se crio y nació en el municipio de Sahagún, y posteriormente lo tildó de "mequetrefe".
“¿Qué pasó en estas tierras? Los amiguillos del de Miami, terratenientes de este territorio todos, un puñado de mequetrefes que no sabían hacer producir la tierra”, aseveró el mandatario, quien agregó: “Que se lleven a su mequetrefe de Miami, que allá vive rico y bien y le gusta vivir en la comodidad y el lujo, pero aquí nosotros somos trabajadores y trabajadoras”. Siguiendo con su retórica, el presidente también trajo a colación el caso judicial de Santiago Uribe Vélez al referirse al "hermano de un gobernador al sur de Córdoba", a quien señaló por una masacre de 700 campesinos en el departamento de Antioquia, conectando este hecho con la campaña contraria.
Petro aseguró que el proyecto gubernamental "derrotó 2 a 1" en su propia tierra al candidato de la oposición, cifra que coincide con el 55,55% de los votos obtenidos por Iván Cepeda en Córdoba durante la primera vuelta. El mandatario también sostuvo que existen sectores contrarios que utilizan recursos del exterior para la compra de votos. Este hecho se presentó en un momento en que los organismos de control tienen puesta su atención sobre los funcionarios públicos en el ámbito electoral. La Procuraduría General de la Nación avanza en la investigación de 142 expedientes abiertos por presunta participación en política de miembros del Ejecutivo.
La entidad, bajo la dirección de Gregorio Eljach, también ha puesto la lupa sobre los representantes a la Cámara miembros de la Comisión de Acusación que llevan los procesos en contra de Gustavo Petro. Al menos 15 de ellos corresponderían a acusaciones por participación en política, según informó la Comisión. Dentro de otros procesos que se han adelantado en la Rama Ejecutiva, ya se han hecho efectivas las suspensiones provisionales de servidores como Carlos Carrillo y Alfredo Saade, mientras que los voceros de la campaña de oposición solicitaron formalmente la intervención urgente del procurador general para garantizar el cumplimiento de las garantías democráticas.
De acuerdo con el pronunciamiento del Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez, el mandatario infringió el numeral 2 del artículo 38 de la Ley de Garantías (Ley 996 de 2005) en anteriores publicaciones de YouTube y la red social X. El alto tribunal enfatizó que el uso de los canales públicos altera los fines informativos y pedagógicos que por ley debe mantener la comunicación oficial del Estado colombiano.
