La Procuraduría General de la Nación ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre los límites entre la gestión pública y la actividad electoral. A medida que se acercan las elecciones de 2026, el procurador Gregorio Eljach advirtió a todos los servidores públicos y contratistas del Estado sobre la prohibición tajante de cualquier tipo de participación indebida en política.
¿Hasta dónde pueden llegar los funcionarios?
La pregunta central es hasta qué punto los funcionarios públicos pueden expresar opiniones o defender la gestión gubernamental sin cruzar la línea del proselitismo electoral. Eljach subrayó que el uso de escenarios y herramientas institucionales dentro de la campaña política es una conducta prohibida. El mensaje no solo está dirigido al presidente Gustavo Petro, sino también a ministros y demás altos cargos del Estado.
Conductas prohibidas
Desde la Procuraduría se ha recordado que la participación indebida incluye varias acciones específicas: utilizar el cargo para intervenir en actividades o controversias políticas, presionar a subordinados o ciudadanos para respaldar campañas, usar recursos o bienes públicos con fines electorales, y aprovechar información o herramientas institucionales para favorecer determinadas candidaturas o causas políticas.
Además, Eljach enfatizó que “es improcedente el uso de las plataformas o la dignidad de un cargo para hacer proselitismo electoral a favor de una causa o en contra de otra”.
Prevención antes que sanción
La advertencia no se enfoca únicamente en sancionar posibles irregularidades. La Procuraduría insiste en que la prioridad es anticiparse a los riesgos y fijar reglas claras antes de que los conflictos escalen durante la campaña. “El efecto disuasorio no se consigue exactamente con los procesos disciplinarios de punición, sino con la prevención”, afirmó Eljach.
Caso reciente: embajadora en Haití
La discusión se agudizó recientemente cuando la Procuraduría abrió una investigación y suspendió provisionalmente a la embajadora de Colombia en Haití, Vilma Velásquez Uribe, por presunta participación indebida en política. La funcionaria había expresado públicamente su apoyo a uno de los candidatos presidenciales. La entidad señaló que la decisión busca proteger el principio de neutralidad que deben mantener los servidores públicos durante el proceso electoral.
El llamado de la Procuraduría busca garantizar que las elecciones se desarrollen en un marco de transparencia y equidad, evitando que el poder del Estado sea utilizado para inclinar la balanza electoral.
