La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación disciplinaria contra el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino Páez, por un presunto caso de participación en política registrado durante la jornada electoral del pasado 31 de mayo. La decisión fue adoptada por la Sala Disciplinaria de Instrucción, tras analizar publicaciones en redes sociales que muestran una intervención del funcionario en Valledupar.
Origen de la investigación
Según el auto de apertura, la actuación se originó luego de que se difundieran videos en los que el ministro, durante la apertura de la jornada para la elección presidencial y vicepresidencial, habría expresado que, aunque existían varias opciones electorales, una de ellas respaldaba un proyecto de transformación y cambio liderado por el presidente de la República. Este comentario podría interpretarse como un respaldo a una candidatura específica, lo que estaría prohibido para los servidores públicos.
Restricciones para funcionarios públicos
La Procuraduría recordó que los servidores públicos tienen restricciones claras frente a la participación en actividades políticas, especialmente durante procesos electorales. Por ello, consideró necesario verificar si hubo una conducta irregular por parte del ministro Sanguino. La entidad subrayó que la apertura de la investigación no constituye una sanción, sino el inicio de una etapa de recolección y análisis de pruebas para determinar si existen méritos para continuar con el proceso disciplinario.
Pruebas y notificación
En la decisión, firmada por el procurador delegado Esquio Manuel Sánchez Herrera, se ordenó la práctica de pruebas, la incorporación de documentación al expediente y la notificación formal al ministro y a su defensa. El proceso buscará esclarecer si el funcionario incurrió en una falta disciplinaria al hacer comentarios que podrían considerarse como apoyo a una candidatura presidencial, lo que violaría las normas que regulan la conducta de los servidores públicos en materia política.
La Procuraduría ha enfatizado que este tipo de investigaciones son necesarias para garantizar la imparcialidad y la transparencia en el ejercicio de la función pública, especialmente en contextos electorales donde la neutralidad de los funcionarios es fundamental. El caso continuará su curso con la recolección de evidencias y la evaluación de los argumentos de la defensa del ministro.
