El abogado José Luis Torres Martínez fue suspendido por seis meses por la Comisión de Disciplina Judicial tras solicitar cinco millones de pesos a su contraparte a cambio de favorecerlo en un proceso judicial por homicidio. La decisión se tomó luego de analizar audios que el propio procesado grabó y presentó como prueba en una denuncia en 2021.
Los hechos que llevaron a la sanción
El caso se originó en 2021, cuando José Nelson Yate Rodríguez, un expolicía procesado por un homicidio ocurrido en el barrio Luis Carlos Galán, en Engativá, denunció que el abogado de las víctimas le hizo propuestas económicas para favorecerlo dentro del proceso penal. La Comisión analizó dos conversaciones telefónicas sostenidas el 26 de julio y el 5 de agosto de 2021.
En una de las llamadas, Torres Martínez le planteó a Yate que podría retirar una audiencia en la que se buscaba revocar su detención domiciliaria y convertirla en intramural. En otra, le propuso que le reconociera una suma de dinero a cambio de ayudarlo jurídicamente, desistir de actuaciones procesales e incluso orientar la estrategia de su defensa sin conocimiento de su abogado.
Las pruebas y la defensa
Los audios, revelados en enero de 2022 por Noticias Caracol, fueron clave para la sanción. En ellos se escucha al abogado decir: “De pronto Dios me está mandando a darle un mensaje. No hay amenaza, no hay coerción porque estamos hablando chévere, estamos hablando sin presión, pero póngase la mano en el corazón y de pronto yo le diga: ‘Oiga, consígame 5’”. Luego precisó: “No, póngale cinco millones, pero usted me puede decir: ‘Doctor, le tengo esta propuesta, le doy 3 y después le doy los 2’, y usted me va siguiendo ayudando y yo lo ayudo. Esa es una buena propuesta, pero eso es entre usted y yo”.
Durante el proceso disciplinario, Torres Martínez negó las irregularidades y sostuvo que los audios eran ilícitos por haber sido grabados sin su consentimiento. Además, argumentó que las conversaciones hacían parte de acercamientos para un eventual preacuerdo con la Fiscalía. Sin embargo, la Comisión descartó esos planteamientos y concluyó que las grabaciones podían ser valoradas porque fueron realizadas por uno de los interlocutores y constituían evidencia de una posible conducta disciplinaria.
La decisión de la Comisión
El fallo, adoptado el 27 de mayo de 2026, determinó que Torres Martínez incurrió en una falta disciplinaria al aconsejar e intervenir en actos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos. La Comisión concluyó que el abogado buscó un provecho económico personal y que la suma solicitada no estaba destinada a reparar a las víctimas ni a hacer parte de una negociación legítima dentro del proceso penal.
Los magistrados señalaron que el profesional del derecho aprovechó la situación de vulnerabilidad del procesado para promover actuaciones faltas a la verdad y a la lealtad procesal. Como resultado, se le impuso una suspensión de seis meses en el ejercicio de la abogacía y se le declaró responsable disciplinariamente por intervenir en actos fraudulentos.
