En el marco de la investigación por el escándalo de contrabando y lavado de activos conocido como Lili Pink, la Fiscalía General de la Nación ha anunciado nuevas imputaciones en contra de los presuntos cabecillas de esta red delictiva. Según informó el ente acusador, existen elementos materiales probatorios suficientes para inferir la posible responsabilidad de los implicados en los delitos investigados.
Imputación de cargos a directivos
Un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales radicó una solicitud de audiencia de imputación de cargos contra ocho personas señaladas de integrar una organización transnacional dedicada al ingreso de ropa femenina y accesorios de contrabando al país. La Fiscalía calificó a la empresa como una "organización delictiva" tras una contundente investigación.
Los indiciados son: Max Marvin Abadi, David Max Abadi Homsani, Malaquilla Bismar Hernández, Lorena Bernal Castro, Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna, Jonnatan Villamil Soler, Luz Adriana López López y Merlín Roxana Mendoza Arias. De acuerdo con su posible participación individual, se les imputarán los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Operaciones ilegales por más de 400.000 millones
El crecimiento meteórico de las tiendas Lili Pink en el país, según la investigación, habría sido impulsado por operaciones ilegales descubiertas por la Dian. El ente acusador aseguró que se trata de una operación de lavado de activos y contrabando superior a los 400.000 millones de pesos. En un primer momento, una persona fue capturada: un abogado que aparecía como representante en el encabezado de algunas empresas.
De acuerdo con las investigaciones, a través de varias empresas se habría intentado dar apariencia de legalidad a una serie de movimientos financieros que pasaban por cuentas en Colombia y en el exterior. A través de estas sociedades se habría buscado lavar las operaciones de contrabando.
Audiencia programada para junio
La diligencia fue programada para el próximo 24 de junio ante los jueces de control de garantías de Bogotá. Se espera que los implicados asistan; de lo contrario, la Fiscalía solicitará la declaratoria de contumacia para procesarlos como personas ausentes y lograr una eventual condena en su contra, incluso sin su presencia.
