La exfiscal María del Socorro Fernández Chávez, quien ejercía en el municipio de El Tambo, Cauca, fue condenada a siete años y tres meses de prisión por los delitos de prevaricato por acción y fraude procesal. La decisión fue emitida por el Tribunal Superior de Popayán, que encontró pruebas contundentes de su participación en un plan ilegal para obstaculizar la extradición de un narcotraficante solicitado por Estados Unidos.
El entramado ilegal
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, en mayo de 2016, Colombia aprobó la extradición de un colombiano requerido por una corte distrital estadounidense por narcotráfico. Sin embargo, la exfiscal Fernández Chávez abrió un proceso judicial paralelo contra este hombre, imputándole el delito de rebelión basado en información falsa. Para ello, omitió la circular roja de Interpol que pesaba sobre el sospechoso y utilizó documentación con firmas y elementos falsos.
La Fiscalía señaló que la actuación se sustentó en una supuesta investigación por pertenencia a un grupo armado ilegal, que resultó ser falsa. Además, la grabación de la audiencia de imputación de cargos desapareció misteriosamente y nunca fue anexada al expediente. Cuando un juez ordenó repetir la audiencia, la exfuncionaria se negó a hacerlo.
Consecuencias de la maniobra
Gracias a este montaje judicial, el narcotraficante logró vincularse formalmente a un proceso penal en Colombia por rebelión, lo que le permitió interponer un recurso de tutela para evitar la extradición, argumentando el derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo delito. Esta acción bloqueó temporalmente su envío a Estados Unidos, a pesar de que el Gobierno colombiano ya había dado luz verde.
Además de la pena de prisión, la exfiscal deberá pagar una multa equivalente a 294 salarios mínimos legales vigentes y estará inhabilitada para ejercer cargos públicos durante 104 meses (ocho años y medio).
Este caso resalta la gravedad de la corrupción en el sistema judicial colombiano y la importancia de sancionar a los funcionarios que abusan de su poder para favorecer a criminales.
