El pasado 7 de mayo, en la sede de la Policía Nacional, se celebró por primera vez el Comité Nacional de Seguridad y Protección Marítima, presidido por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, con la participación de 17 entidades nacionales, incluyendo la Armada, las Fuerzas Militares, la Dirección General Marítima (Dimar), alcaldes y empresas concesionarias. Este comité definió líneas de acción para enfrentar ciberataques y lavado de activos, reafirmando que la integridad institucional es el núcleo de la seguridad marítima nacional.
Un cambio histórico en la seguridad portuaria
Durante décadas, la seguridad en los puertos colombianos se basó en guardias, cámaras e inspecciones. Sin embargo, persistían vulnerabilidades debido a la injerencia de redes criminales, como la manipulación de procesos que facilitaba el ingreso y salida de mercancías ilícitas. Este esquema cambió con la expedición del Decreto 1086 de 2025, lanzado en abril en el Puerto de Buenaventura. La norma representa un cambio histórico al reconocer expresamente que la corrupción es una amenaza directa a la seguridad y protección marítima y portuaria.
Gestión de riesgos de corrupción
Es la primera norma en Colombia que incorpora la gestión de riesgos de corrupción dentro de los planes oficiales de protección portuaria. Las empresas concesionarias y los Oficiales de Protección deberán identificar, evaluar y mitigar esos riesgos en procesos como manejo de carga, accesos, inspecciones y contratación con terceros. El decreto establece que proteger los puertos implica no solo fortalecer controles operacionales, sino blindar institucionalmente procesos, decisiones y actores que pueden ser instrumentalizados por estructuras criminales.
Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que apoya la iniciativa, la corrupción deja de ser una irregularidad periférica para convertirse en una capacidad habilitante del crimen organizado transnacional en los puertos del país.
Buenaventura, un puerto estratégico
La elección de Buenaventura para el lanzamiento no fue casual. Por este corredor portuario, ubicado en el suroccidente del país, transita cerca del 40% de las exportaciones e importaciones colombianas, lo que lo convierte en un escenario de riesgo frente al narcotráfico, contrabando, lavado de activos, tráfico de armas y minería ilegal.
Investigación y cooperación internacional
Este cambio surgió de un trabajo conjunto entre autoridades nacionales y UNODC, con apoyo de la Embajada de Estados Unidos. En 2023 se identificaron 151 riesgos y 37 tipologías de corrupción en los cinco puertos principales del país, evidenciando que la corrupción es un patrón estructural que favorece el crimen organizado. Se destacan inspecciones manipuladas, regímenes aduaneros fraudulentos, redes criminales infiltradas en cargos clave y vacíos de control en zonas de fondeo.
UNODC señaló que mediante un enfoque sistémico centrado en el Sistema de Valor de la Cadena Logística Portuaria, se propusieron controles para mitigar riesgos de que economías criminales aprovechen vulnerabilidades. La propuesta busca anticipar vulnerabilidades mediante el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional y mecanismos de denuncia seguros.
Coordinación y formación ética
Además de la gestión de riesgos de corrupción, la norma fortalece la coordinación entre autoridades de defensa, control, supervisión y sanción penal, e impulsa programas de formación en ética. Con este avance, Colombia busca proteger sus fronteras, fortalecer la confianza internacional y la competitividad de sus terminales portuarias.
La implementación del decreto, liderada por el sector defensa bajo coordinación del Ministerio de Defensa Nacional, contará con respaldo de UNODC y del Reino de los Países Bajos, en el marco de un proyecto de cooperación internacional para consolidar la integridad como componente central de la seguridad marítima nacional.
