Asunción, 3 jun (EFE).- La Fiscalía de Paraguay inició este miércoles una investigación penal por un presunto daño patrimonial al Estado, vinculado al uso de recursos públicos para financiar una campaña de desprestigio en redes sociales contra periodistas y políticos del país, acusación que el Gobierno ha negado rotundamente.
Investigación fiscal
El fiscal general Emiliano Rolón ordenó la creación de un equipo especial para investigar "denuncias relacionadas con un supuesto perjuicio patrimonial al Estado mediante la contratación y difusión de contenidos comunicacionales ajenos al interés público", según un comunicado del Ministerio Público.
La apertura de la causa se produjo tras la denuncia presentada por los diputados opositores Raúl Benítez, Adrián Vaesken, Mauricio Espínola y Rocío Vallejo. También se consideró otra denuncia del ciudadano Hugo Javier Portillo, quien señaló "que recursos públicos destinados a programas de asistencia social habrían sido desviados para financiar campañas sistemáticas de hostigamiento digital contra periodistas y figuras públicas".
Declaraciones de la oposición
En declaraciones a EFE, Benítez advirtió que la Fiscalía debe "deslindar responsabilidades y llegar al fondo" del caso para determinar "si con dinero público se estuvo financiando esta campaña de desprestigio" contra periodistas, medios de comunicación y políticos disidentes.
El opositor explicó que la denuncia surgió tras publicaciones del medio local ABC Color, que señalan que la página 'Despierta Paraguay' promovía campañas de hostigamiento contra la prensa y políticos a través de la agencia colombiana Digimarketing SAS, que "pagaba la pauta" en esa cuenta.
Sospechas de financiamiento gubernamental
Benítez aseguró que "la primera sospecha" de que el Gobierno presuntamente financiaba las campañas fue que Digimarketing también pautó anuncios en redes sociales relacionados con programas sociales como 'Hambre Cero' (alimentación escolar) y 'Ché Róga Pora' (acceso a viviendas). Además, los "atacados" en redes son personajes "que no están alineados" con la Administración de Peña.
"Si el Gobierno de Peña ha utilizado fondos públicos o instituciones públicas para atacar periodistas y medios, el primer mensaje es ese intento de censura", advirtió.
Posible vínculo con funcionario del Mitic
ABC Color encontró una "posible conexión" del número de teléfono de un funcionario del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) con la página denunciada. En respuesta, el Mitic indicó el 27 de abril que "el Estado paraguayo no mantiene ni ha mantenido contrato, acuerdo ni relación alguna con la empresa mencionada".
El Mitic argumentó que "cualquier persona puede promocionar enlaces públicos" como videos y otros contenidos desde cuentas propias "sin autorización del Estado". En otro comunicado del 12 de mayo, la institución aseguró que "ninguno de los contenidos mencionados fue pautado con fondos públicos".
