La reciente y cinematográfica fuga de Luis Alberto Villota Rodríguez, alias 'Tito', ocurrida el pasado viernes 5 de junio en la Clínica Fátima de Pasto, ha puesto en jaque la política de gestores de paz del Gobierno Nacional. El sujeto, tercero al mando del Frente Comuneros del Sur, logró escapar tras fingir un dolor abdominal que le permitió ser trasladado desde la cárcel judicial hacia el centro asistencial bajo una custodia que ahora es objeto de investigación por posibles complicidades internas.
El golpe a la confianza y la revocatoria inmediata
Para el Gobierno, este hecho no solo representa un riesgo a la seguridad regional debido a la peligrosidad de Villota —acusado de masacres, secuestros y torturas en Nariño—, sino que constituye un ataque directo a la credibilidad de los diálogos territoriales. Carlos Erazo, jefe de la delegación gubernamental en los diálogos con Comuneros del Sur, en diálogo con Mañanas Bl, fue tajante al calificar la situación: “La fuga de... alias Tito, es un golpe a la confianza que se ha venido construyendo a lo largo de 19 meses de diálogos y negociaciones con el grupo Comuneros del Sur”. Ante la gravedad del suceso, la delegación oficial tomó medidas inmediatas para sentar un precedente. Según explicó Erazo en entrevista, la primera determinación fue “revocarle la gestoría de paz a... Luis Alberto Villota, alias Tito”. Asimismo, se hizo un llamado enérgico a la comandancia de los Comuneros para que mantengan el cumplimiento de los acuerdos suscritos en la mesa de diálogo.
Evaluación rigurosa para los demás gestores
La fuga ha forzado una reevaluación total de quiénes ostentan este beneficio. El Gobierno anunció que no se limitará a la sanción contra alias 'Tito', sino que se extenderá a la vigilancia de todo el grupo de facilitadores. Erazo confirmó que han decidido “entrar a evaluar el papel que viene cumpliendo los otros ocho gestores de paz en el marco de los acuerdos suscritos en la mesa”. La supervisión será mucho más estricta a partir de ahora, vinculando la permanencia en el cargo al cumplimiento de metas específicas. “Estamos evaluando, es decir, vamos a ser mucho más rigurosos en el papel que vienen cumpliendo los gestores en el marco de estos planes individuales y en los casos en donde no se justifique o en donde no haya una actividad significativa, pues estas gestorías serán revocadas”, advirtió el funcionario. Cada gestor tiene la obligación de rendir informes a la Consejería de Paz, los cuales son remitidos posteriormente a los jueces encargados de sus casos.
