Hacia el mediodía de este miércoles 3 de junio se radicó formalmente en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes un documento de 46 páginas en el que dos representantes a la Cámara, Wilmer Carrillo y Gloria Arizabaleta, solicitan llamar a indagatoria al presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades en su campaña presidencial 2022-2026, específicamente por la violación de los topes de gastos electorales.
EL TIEMPO tuvo acceso exclusivo a apartes del expediente, en el que además se ordena una serie de pruebas testimoniales y periciales. Este documento constituye un salvamento de voto que se aparta de la ponencia del otro investigador, Alirio Uribe, quien había solicitado el archivo de la indagación argumentando atipicidad de la conducta.
Coincidencias con el CNE
En el documento presentado por Arizabaleta y Carrillo se advierte que la investigación se inició a partir de la remisión oficial de hallazgos electorales efectuada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), en la que se trasladó el "acervo documental, técnico y contable de la investigación administrativa sobre la violación de los topes de la campaña".
Si bien la Sala Plena de la Comisión de Acusaciones deberá votar si acoge o no la solicitud, en el documento se aclara que no hubo una adopción automática de las conclusiones del CNE, sino que se adelantó un ejercicio autónomo de valoración probatoria sustentado en la sana crítica, la imparcialidad y la búsqueda de la verdad material.
Bajo esos preceptos, Arizabaleta y Carrillo empiezan por advertir que, aunque la gerencia de la campaña estuvo a cargo de profesionales especializados en logística y finanzas electorales, el candidato también asumía responsabilidades en su posición de garante.
Se verificaron varios de los puntos que el CNE ya había detectado, como el aporte por 500 millones de pesos de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode). "El rastreo de este instrumento de pago revela una cadena de intermediaciones diseñada para alejar visualmente los recursos de la fuente prohibida y disimular su vinculación real con la campaña presidencial", se lee en el aparte relacionado con esa contribución.
Y concluye que si se hubiera tratado de una colaboración legítima, habría bastado con declararla e identificar al aportante. No obstante, se advierte la intención deliberada de eludir el control estatal.
Los otros aportes y las pruebas
En el documento también se menciona el aporte de la Unión Sindical Obrera (USO) por 600 millones de pesos, del cual se asegura que también hubo omisión deliberada de la información contable ante la autoridad electoral.
Además, se recogen las operaciones de traslado aéreo que la Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi SAS) le hizo a la campaña por más de 1.249 millones de pesos en la primera vuelta y 962 millones de pesos en la segunda vuelta. Aunque la defensa de la campaña ha hablado de presuntos errores de digitación en los recibos y montos, en el documento se concluye que esa versión defensiva no supera el análisis de la sana crítica.
Otro de los ítems mencionados es el de los pagos a testigos electorales, que también fue recogido por el CNE.
La responsabilidad de Petro
Sobre la presunta responsabilidad del presidente, se advierte que la delegación del manejo de la campaña en gerentes y tesoreros no extingue sus deberes de garante, sino que los transforma en la obligación de vigilar que se cumpla con la ley electoral.
"La magnitud de las irregularidades detectadas, que superan los 3.000 millones de pesos y que involucran mecanismos sofisticados de triangulación financiera, habría debido ser perceptible para cualquier persona que ejerciera de manera diligente el deber de vigilancia sobre las finanzas de la campaña", se lee en el documento.
Y agrega que no se trata de irregularidades técnicas menores o de errores contables de difícil detección. Por eso, se concluye que la instrucción deberá examinar si el candidato aforado tenía motivos razonables para sospechar de la existencia de irregularidades financieras en su campaña y si, ante esos motivos de sospecha, adoptó las medidas de verificación que un director de organización diligente habría adoptado.
Entre las pruebas que se ordenan para aclarar si hubo o no responsabilidad del candidato, se ordenó la recepción de su indagatoria y otras pruebas testimoniales.
Ahora, la Sala Plena de la Comisión de Investigación y Acusaciones deberá votar si acoge o no el salvamento de voto de Arizabaleta y Carrillo.
