Centroamérica y Estados Unidos han relanzado su histórica cooperación en materia de seguridad con la ampliación de acuerdos para combatir el narcotráfico y la migración irregular, iniciativas que no están exentas de polémica, especialmente porque contemplan algún tipo de presencia militar estadounidense, algo que no es nuevo en una región muy celosa de su soberanía territorial.
Claves de la cooperación en seguridad
La mayoría de los países del Sistema de la Integración Centroamericana (Sica) se adhirieron al 'Escudo de las Américas', una nueva arquitectura de seguridad hemisférica lanzada por EE.UU. en marzo pasado. Este programa incluye intercambio de inteligencia militar y policial, operaciones coordinadas, entrenamientos conjuntos y mecanismos de asistencia.
Los miembros del Sica son Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá, Guatemala, Belice, Nicaragua y República Dominicana. Todos fueron invitados por el Gobierno de Donald Trump a participar, con la excepción de Nicaragua, que fue excluida por sus vínculos con China y Rusia.
Presencia militar estadounidense en Honduras
Honduras es la única nación de Centroamérica con presencia permanente de tropas estadounidenses desde 1980. La Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo (FTC-Bravo) opera en la Base Aérea Soto Cano, conocida como Palmerola, donde permanecen al menos 400 militares estadounidenses, además de personal civil. La FTC-Bravo trabaja para forjar alianzas con Honduras y otros países de la región mediante misiones que incluyen apoyo a operaciones del gobierno de EE.UU., lucha contra el crimen organizado transnacional, ayuda humanitaria y desarrollo de capacidades de las naciones socias.
Con la llegada de Nasry Asfura a la Presidencia de Honduras en enero pasado, se inició una nueva relación de seguridad con Estados Unidos. El 26 de mayo, el mandatario recibió al senador republicano Bernie Moreno, con quien dialogó sobre seguridad regional, combate al crimen organizado y migración.
Acuerdos con Panamá generan controversia
En 2025, Panamá y Estados Unidos suscribieron acuerdos para reforzar la cooperación en seguridad del Canal interoceánico y la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Estos incluyen un cronograma de adiestramiento conjunto con presencia temporal y rotativa de militares estadounidenses en tres instalaciones de seguridad panameñas. Los acuerdos generaron controversia en Panamá, un país que estuvo ocupado por EE.UU. durante casi todo el siglo XX debido a la operación del Canal. El Gobierno de José Raúl Mulino rechazó las acusaciones de cesión de soberanía, alegando que en las últimas tres décadas se han firmado más de veinte acuerdos similares.
EE.UU. revocó el visado a algunos políticos panameños que criticaron el acuerdo suscrito en abril de 2025 por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el ministro de Seguridad, Frank Ábrego. En esa reunión, el jefe del Pentágono afirmó que China representa una amenaza para la paz regional.
Cooperación con otros países
Los acuerdos para combatir el narcotráfico y la migración irregular marcan la relación en materia de seguridad con El Salvador, Costa Rica, Guatemala y República Dominicana. En El Salvador, el Comando Sur opera desde el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero un centro de monitoreo para la lucha contra las drogas. En Costa Rica está vigente un acuerdo en el sector de Guardacostas con Estados Unidos para la vigilancia conjunta contra el narcotráfico en los océanos. República Dominicana mantiene un acuerdo que permite estacionamiento y sobrevuelo de aeronaves y personal estadounidense en instalaciones dominicanas utilizadas previamente en la lucha contra el narcotráfico.
El Gobierno guatemalteco ha solicitado un apoyo aún mayor en temas de seguridad, sin que ello signifique la incursión de fuerzas militares estadounidenses en su territorio. En Guatemala, el Gobierno de Bernardo Arévalo desmintió informes de la prensa estadounidense sobre supuestos bombardeos conjuntos con tropas de EE.UU.
Migración y Nicaragua
En materia de migración, en marzo de 2025, unos 250 migrantes venezolanos acusados de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua fueron deportados a El Salvador y recluidos en la megacárcel insignia de la lucha contra las pandillas del Gobierno de Bukele.
Las relaciones de seguridad entre Estados Unidos y Nicaragua son distantes. No obstante, de forma semestral, el Gobierno nicaragüense autoriza el ingreso al territorio nacional de personal militar de EE.UU. para operaciones de ayuda humanitaria y misiones de búsqueda y rescate en emergencias, aunque se desconoce si estas actividades se realizan realmente.
