El Gobierno nacional emitió una circular con medidas administrativas para comenzar la liquidación del Ministerio de Igualdad, mientras se adelanta el trámite de un proyecto de ley que busca su continuidad. Así lo explicó Santiago Salinas, viceministro encargado de Poblaciones y Territorios Excluidos, en una entrevista concedida a este medio.
Dos estrategias para el futuro del Ministerio
Salinas detalló que existen dos escenarios. El primero es la aprobación del proyecto de ley en el Congreso, que ya cuenta con el 95% del articulado aprobado en comisiones conjuntas. Se espera que en las próximas semanas se logre la aprobación total. El segundo escenario, de carácter preventivo, responde al cumplimiento de la sentencia C-161 de 2024, que establece plazos para el Ministerio. En este marco, se ha diseñado un plan de reasignación de funciones para evitar el caos institucional que podría derivarse de la desaparición abrupta de una entidad que garantiza derechos a 14 poblaciones.
Cambios sustanciales en el proyecto de ley
El proyecto de ley introduce modificaciones importantes, como la reasignación de funciones a otros departamentos y la fusión de oficinas. Salinas señaló que estos cambios responden a la experiencia acumulada y a las demandas de los congresistas. Aunque se espera que el proyecto se apruebe en la actual legislatura, no se descarta que continúe en el próximo periodo, lo que sería una oportunidad para el siguiente gobierno.
Posible prórroga de la Corte Constitucional
Salinas indicó que la posibilidad de solicitar una prórroga a la Corte Constitucional sigue abierta, pero depende de los avances concretos en el trámite legislativo. Sin avances significativos, no habría novedades que justifiquen una nueva conversación con la Corte.
Zozobra y transformación en la cartera
El viceministro reconoció que existe un ambiente de zozobra debido a los plazos ajustados. Sin embargo, aclaró que el Ministerio, tal como se conoce hoy, debe transformarse. La nueva personería jurídica implicará cerrar procesos administrativos y misionales para rearticularlos en una nueva estructura. El personal debe prepararse para este proceso de transformación.
Riesgos para las poblaciones atendidas
Salinas advirtió sobre el riesgo de que las poblaciones queden en situación de vulnerabilidad si las funciones no se reasignan con la suficiente agilidad. El Gobierno ha tomado acciones preventivas, pero los trámites administrativos pueden ser lentos y generar vacíos legales. La apuesta central es entregar a la sociedad colombiana un Ministerio de Igualdad y Equidad fortalecido.
Impacto en los contratos del personal
El proceso de liquidación implicará la terminación de los contratos de los aproximadamente 500 funcionarios de planta y los contratistas. La mayoría son provisionales, y sus contratos finalizarán paulatinamente según la evolución de la liquidación. Se nombrará una entidad liquidadora para gestionar este proceso.
Críticas y autocrítica
Frente a las críticas por contratación, ejecución presupuestal y denuncias de acoso, Salinas destacó que existe un consenso entre congresistas de diferentes orillas sobre la importancia del Ministerio. Reconoció errores administrativos y señaló que se han implementado ajustes en la arquitectura institucional, reflejados en el proyecto de ley. El ministro Alfredo Acosta ha sido autocrítico y ha impulsado mejoras en la ejecución de recursos y la prevención de riesgos.
Respaldo del Gobierno
Salinas afirmó que el Ministerio se siente respaldado por el Gobierno nacional, con el acompañamiento de carteras como Deporte, Vivienda y Hacienda. Aunque se reconocen los errores, los planes de ajuste han sido una prioridad para los niveles directivos.
Significado de la liquidación
La liquidación del Ministerio implicaría el cierre de cinco viceministerios y afectaría a poblaciones como habitantes de calle, adultos mayores y mujeres cuidadoras. Salinas enfatizó que el Ministerio ha sido la primera institución nacional para muchos grupos excluidos, y su desaparición podría dilapidar los avances en dignidad y derechos. Hizo un llamado a no permitir que las dificultades administrativas opaquen la importancia de esta entidad.
Una reflexión final
Salinas concluyó que la sentencia de la Corte Constitucional ha generado un diálogo entre los poderes del Estado para garantizar los derechos de manera estructural. El Ministerio no debe verse como una apuesta de gobierno, sino como una herramienta del Estado social de derecho para proteger a los más vulnerables.
