Valladolid, 3 jun (EFE).- El Partido Popular y Vox han alcanzado un acuerdo en el marco de su pacto de gobierno en Castilla y León para retomar la aprobación de la ley de concordia en la comunidad autónoma. Este nuevo intento surge después de que en 2024 el texto elaborado por ambas formaciones fuera rechazado en las Cortes tras la ruptura del pacto, lo que llevó a los populares a votar en contra de su toma en consideración.
Compromiso bipartidista
Según el documento firmado y presentado este miércoles por los dos partidos, ambos se comprometen a impulsar una proposición de ley de concordia. Esto significa que la iniciativa será presentada conjuntamente por los dos grupos parlamentarios y no por la Junta de Castilla y León, como suele ser habitual.
Actualización del marco normativo
La nueva normativa, según recoge el pacto, "superará y actualizará" el marco normativo vigente, que actualmente es un decreto ley de memoria histórica de 2017. Además, "garantizará el reconocimiento a todas las víctimas de la violencia social, política, del terrorismo o de la persecución ideológica, religiosa o de cualquier índole acaecidas en Castilla y León".
Ambas formaciones se han fijado como plazo el mes de junio de 2027 para aprobar esta norma, lo que otorga un margen de tiempo considerable para su elaboración y debate parlamentario.
Antecedentes del rechazo
En septiembre de 2024, las Cortes de Castilla y León rechazaron tramitar la proposición de ley de concordia que habían registrado en marzo de ese mismo año PP y Vox, cuando aún gobernaban juntos la comunidad. En aquella ocasión, el Grupo Popular votó en contra de su tramitación, alineándose con el PSOE y el resto de grupos. El PP justificó entonces su cambio de criterio por la coyuntura política tras la ruptura con Vox y por aplicar el "principio de prudencia", según explicó el procurador Óscar Reguera.
Revisión de entidades y leyes ideológicas
Además de la futura ley de concordia, PP y Vox han acordado revisar las entidades públicas y las "leyes ideológicas" para garantizar que toda su acción de gobierno se base en los principios de "libertad, eficiencia y austeridad". En concreto, se han comprometido a "reformar cualquier disposición normativa, ente u organismo que, en su desarrollo o efecto práctico actual, se demuestre superfluo o ineficiente".
Este pacto marca un nuevo capítulo en la relación entre ambas formaciones en Castilla y León, tras la ruptura de 2024 que llevó al rechazo de la ley de concordia. Ahora, con el acuerdo renovado, se abre la puerta a una nueva tramitación legislativa que podría cambiar el panorama normativo de la comunidad en materia de memoria histórica y concordia.
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