A tres semanas de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, la Procuraduría General de la Nación puso en marcha una nueva fase de su estrategia de Paz Electoral, denominada "La línea que no se cruza". Esta campaña está dirigida a servidores públicos de todos los niveles jerárquicos y busca establecer claramente qué conductas están prohibidas, cuáles no y cuáles pueden derivar en sanciones disciplinarias.
Objetivo de la campaña
El procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, presentó oficialmente la segunda fase de Paz Electoral, centrada en evitar la indebida participación en política de funcionarios públicos. La estrategia tiene un enfoque principalmente pedagógico, aunque también incluye un componente disciplinario. El objetivo es desplegar una campaña preventiva que explique los límites constitucionales durante el proceso electoral.
Conductas prohibidas y permitidas
La Procuraduría identificó seis conductas que considera líneas rojas para cualquier servidor público. Estas prohibiciones aplican sin importar el nivel jerárquico y su incumplimiento puede acarrear sanciones disciplinarias. Al mismo tiempo, la entidad aclaró qué acciones no están prohibidas, brindando así una guía completa para los funcionarios.
Entre las conductas prohibidas se incluye el uso de recursos oficiales, contratos, presiones o amenazas para influir en la decisión de los electores. El procurador Eljach advirtió que cualquier forma de presión sobre funcionarios o ciudadanos para inducir el voto constituye una falta disciplinaria.
Alcance nacional y trabajo pedagógico
La campaña tiene un despliegue nacional, respaldado por los procuradores regionales y provinciales, para llegar a todos los rincones del país. El procurador Eljach destacó que uno de los mayores retos es llevar el mensaje a las regiones más apartadas, donde históricamente han existido mayores dificultades institucionales. Para ello, se contempla un trabajo pedagógico con alcaldes, gobernadores, personeros y demás servidores públicos.
Eljach también pidió responsabilidad frente a las denuncias por posible participación indebida en política. Señaló que la Procuraduría recibe constantemente fotografías, videos y acusaciones, pero recordó que cualquier investigación requiere pruebas claras, identificación de responsables y respeto por el debido proceso.
Prevención antes que sanción
La estrategia busca convertir la campaña en una herramienta de prevención antes que de sanción. Durante el lanzamiento de Paz Electoral 2.0, el procurador afirmó: "Nosotros somos el faro, la magistratura moral de la Nación". La iniciativa pretende reforzar el componente preventivo para evitar que prácticas indebidas se conviertan en costumbre durante la campaña presidencial.
La decisión de poner la lupa sobre la conducta de los funcionarios públicos llega en un momento de creciente polarización política y disputas de poder rumbo a 2026. La Procuraduría busca garantizar que las elecciones se desarrollen en un marco de transparencia y legalidad.
