La Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura han expresado su firme respaldo a las comisiones escrutadoras que operan en todo el territorio colombiano, reconociendo su labor como fundamental para asegurar la transparencia y legitimidad del proceso electoral. Este pronunciamiento cobra especial relevancia en un contexto donde el presidente Gustavo Petro ha cuestionado el desarrollo de los comicios, a pesar de que el escrutinio ha avanzado con normalidad y sin indicios de irregularidades, con casi el 100 % de las mesas escrutadas.
Apoyo institucional al proceso electoral
Ambas corporaciones judiciales subrayaron que el escrutinio electoral es un procedimiento estrictamente regulado por la Constitución y la ley, que se lleva a cabo con independencia y rigor técnico. Recordaron que estas comisiones están integradas mayoritariamente por juezas y jueces de la República, lo que garantiza su imparcialidad.
Asimismo, señalaron que corresponde al Consejo Nacional Electoral (CNE) declarar los resultados definitivos de los comicios del 31 de mayo, dentro de los plazos y procedimientos establecidos por la normativa vigente, con todas las garantías del debido proceso. La Corte y el Consejo también manifestaron su apoyo a la Registraduría Nacional del Estado Civil, destacando su trabajo coordinado con organismos de control, autoridades competentes y observadores internacionales para asegurar un proceso confiable.
Llamado a la calma y al respeto institucional
Las instituciones mencionaron el respaldo de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Colombia, que ha validado las etapas de verificación electoral. Además, hicieron un llamado a la ciudadanía, los actores políticos y las entidades públicas para respetar el marco constitucional y confiar en los mecanismos legales establecidos para la revisión y consolidación de los resultados.
Finalmente, invitaron a todos los sectores de la sociedad a actuar con responsabilidad, prudencia y respeto, con el fin de evitar escenarios de confrontación e incertidumbre que puedan afectar la confianza en las instituciones encargadas de velar por la transparencia electoral. La defensa de la democracia y la legalidad es un compromiso de todos.
