Cuatro campesinos fueron asesinados el pasado 6 de junio en el municipio de Remedios, Antioquia, en un hecho que las autoridades atribuyen a las disidencias de las Farc lideradas por alias 'Calarcá'. Una fotografía tomada antes de su muerte muestra a las víctimas con las manos atadas, vigiladas por un hombre armado con un fusil. Líderes sociales de la región advierten que este crimen no es un hecho aislado, sino que forma parte de una escalada violenta que lleva al menos un año en desarrollo.
Expansión territorial de las disidencias
Óscar Yesid Zapata, defensor de derechos humanos en Antioquia y miembro de la Fundación Sumapaz, señaló que 'los recientes hechos demuestran que existe un plan de expansión territorial de las disidencias de alias 'Calarcá' en esta zona'. Según Zapata, la expansión podría abarcar desde la vereda Bocas de Chicamoque, en El Bagre, hasta Cáceres, Segovia, Remedios y el Magdalena Medio. El objetivo sería ganar terreno donde históricamente ha operado el Clan del Golfo.
La arremetida incluye, según los líderes, una orden de atacar con drones cargados con explosivos a miembros del Clan del Golfo en Segovia y Remedios. Esta amenaza mantiene en alerta a la población, que podría ser desplazada o quedar confinada. El plan estaría liderado por alias 'Jhon Fiera', jefe del frente cuarto de las disidencias al mando de 'Calarcá'. Fuentes del Ejército indican que este grupo, en alianza con el Eln, busca desplazar al Clan del Golfo del control de rentas ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal.
Impacto en la población civil
En medio de esta guerra por corredores estratégicos, la población civil es la principal afectada. Los grupos armados imponen reglas a los campesinos y los estigmatizan, acusándolos de ser informantes de sus enemigos. En el caso de los cuatro asesinados en Remedios, entre ellos la pareja de esposos Efraín de Jesús Botero Mejía y Rocío Silva, y dos trabajadores de su finca, las disidencias los acusaron de pertenecer al Clan del Golfo sin pruebas. 'La simple sospecha ha sido razón suficiente para matar', denunció Zapata.
El director del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, Max Yuri Gil, explicó que desde hace un año se conocían los intereses de las disidencias de reactivar los frentes cuarto y quinto. Actualmente, hombres de 'Calarcá' operan en los frentes 36 y 18, aunque este último sufrió fracturas internas. En zonas como Remedios, Segovia y Vegachí, el Eln tiene presencia histórica, pero desde hace meses se ha advertido una arremetida paramilitar del Clan del Golfo.
Deterioro de la seguridad en Antioquia
Gil señaló que el deterioro de la seguridad en Antioquia es muy significativo, con problemas de orden público en Bajo Cauca, nordeste, occidente, oriente y suroeste. Hay enfrentamientos entre disidencias y Eln contra la fuerza pública, y entre disidencias y el Clan del Golfo. La política de seguridad departamental, centrada en incrementar la fuerza pública y promover redes de informantes, no ha sido efectiva. 'Al parecer, se quedaron en cuestionar la política nacional y no desarrollar mayores iniciativas regionales', afirmó.
El gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, respondió que durante la paz total de Petro, las Farc crecieron un 70 % y el Clan del Golfo un 60 % en el departamento. Estas estructuras son financiadas con narcotráfico y minería ilegal, y tienen presencia en el Norte, Nordeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio. Rendón indicó que han solicitado asistencia militar al Ministerio de Defensa para que la Fuerza Pública adopte acciones diferenciales. Aunque la Gobernación ha dotado a soldados y policías con equipos como antidrones y chalecos antibalas, la situación requiere grupos especiales con relevo de tropas, bombardeos y trabajo de inteligencia.
Llamado a la protección de la población
Ante la amenaza de expansión de las disidencias, Zapata hizo un llamado a dejar a la población fuera de las hostilidades. 'Los grupos demuestran con estos crímenes su falta de voluntad hacia los diálogos de paz, porque no respetan los derechos humanos de la población civil. El llamado es también al Estado: desde 2023, la Defensoría del Pueblo advirtió estos escenarios de violencia, pero ha habido una omisión sistemática de las instituciones, por la que hoy la población sufre las consecuencias', sostuvo.
Mientras las autoridades esclarecen el crimen de los cuatro campesinos y buscan a cinco civiles secuestrados, la comunidad espera una respuesta del Estado que les permita quedar al margen de esta posible expansión armada en Antioquia.
