La corrupción en Colombia sigue siendo un lastre que afecta el desarrollo nacional, con casos recientes que evidencian la necesidad de reformas estructurales y mayor transparencia en las instituciones públicas.
La Procuraduría detectó posibles irregularidades en la viabilización y aprobación de un proyecto de inteligencia artificial financiado con regalías, cuestionando plazos y soportes técnicos.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra Ángelo Bacci Hernández, director de Cardique, por presuntas irregularidades en la contratación de herramientas tecnológicas para funcionarios de la entidad ambiental.
La Fiscalía General imputó cargos a Luz América Asprilla Abadía y Yuliana María Restrepo Gutiérrez por presunta apropiación irregular de recursos públicos en la Alcaldía de Bahía Solano entre 2024 y 2025.
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La Fiscalía acusó a Luz América Asprilla y Yuliana Restrepo por desviar más de 250 millones de pesos de la alcaldía chocoana. Ninguna tenía vínculo laboral con la entidad.
La Fiscalía imputó a siete personas, incluyendo tres exfuncionarios del ICBF, por desviar 860 millones de pesos destinados a la atención de primera infancia y madres gestantes en Riohacha y Manaure mediante contratos fraudulentos.
Un escándalo de corrupción en Calarcá, Quindío, involucra la desaparición de portátiles destinados a estudiantes, revelando fallas en la gestión educativa y la transparencia pública en Colombia.
Tres casos documentados revelan presuntas irregularidades del abogado y aspirante presidencial Abelardo de la Espriella con clientes como Mónica Mazzilli, David Murcia y el narcotraficante Tuso Sierra, según investigación de Cuestión Pública.
Tres exfuncionarios del Bienestar Familiar habrían permitido sobrecostos por más de $860 millones en contratos para alimentación de menores y embarazadas en Riohacha y Manaure durante 2019.
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La Fiscalía investiga irregularidades en tres contratos del ICBF en La Guajira que habrían generado un detrimento patrimonial superior a $860 millones, afectando programas para primera infancia y mujeres gestantes.
La Fiscalía acusó a tres exfuncionarios del ICBF y cuatro particulares por peculado y falsedad documental, por presuntamente desviar recursos destinados a la primera infancia y mujeres embarazadas en La Guajira.
La Fiscalía imputó cargos a siete personas por desviar más de $1.000 millones en contratos del ICBF en La Guajira en 2019, afectando programas de alimentación infantil y vulnerando derechos de la niñez.
El representante a la Cámara por Córdoba, Wadith Manzur, pretende asumir su curul en el Senado para el próximo periodo legislativo, pese a estar detenido por su presunta participación en el desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. La Cort
La Procuraduría identificó posibles irregularidades en cinco procesos licitatorios del Sena para vigilancia de sus regionales, valorados en más de 192.000 millones de pesos, advirtiendo sobre requisitos restrictivos y baja concurrencia de oferentes.
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Francisco Javier Estupiñán Bravo recibió sentencia de 16 años por peculado e interés indebido en contratos de la UNGRD. La Fiscalía demostró su participación en adjudicación fraudulenta de carrotanques para La Guajira.
La justicia colombiana impuso una pena de 16 años de prisión al exgerente de Yapurutu por su participación en actos de corrupción en la contratación de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
La Fiscalía confirmó la condena a 16 años, 7 meses y 6 días de prisión contra Francisco Javier Estupiñán Bravo por su participación en el entramado de corrupción que direccionó la contratación en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
La justicia impuso una condena de más de 16 años de prisión a Francisco Estupiñán por presentar documentos falsos en el proceso de contratación de carrotanques para La Guajira, en un caso vinculado a la corrupción en la Ungrd.
Audios interceptados por la Fiscalía revelan conexiones entre la red de contrabando de 'Papá Pitufo' y personas cercanas al presidente Gustavo Petro, poniendo en duda la transparencia gubernamental.
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Interceptaciones telefónicas revelan presuntos pagos ilegales a oficiales de alto rango en Bogotá y mencionan conexiones con personas del entorno presidencial, según investigación de Noticias Caracol.
La Procuraduría alertó al director del Sena, Jorge Londoño, sobre irregularidades en un proceso de selección para vigilancia privada que supera los $192.419 millones, señalando posibles 'pliegos sastre' que favorecerían a empresas específicas.
La Corte Constitucional rechazó unánimemente la tutela de Bernardo Moreno, exsecretario de Uribe, confirmando su condena por tráfico de influencias y soborno para la reelección presidencial. El caso expone graves abusos de poder.
Análisis sobre cómo la falta de integridad en el gobierno actual está generando crisis fiscal, inseguridad jurídica y debilitamiento institucional en Colombia, con casos específicos que evidencian amiguismo y manipulación.
La corrupción en Colombia atraviesa un viacrucis institucional que afecta a múltiples sectores, desde la política hasta la economía, generando desconfianza ciudadana y obstaculizando el desarrollo nacional.
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El inversionista Serafino Iacono asegura que solo recibió pagos del coronel (r.) Juan Guillermo Mancera para la compra del apartamento de Ricardo Roa, contradiciendo la versión del presidente de Ecopetrol. La junta directiva podría pedirle licencia para q
Análisis de las fallas estructurales del Estado colombiano en la lucha contra la corrupción, con propuestas concretas sobre control, financiación política y transparencia en la contratación pública.
Una empresa incluida en un contrato de $18.000 millones de Findeter denuncia que nunca participó ni autorizó su nombre, agravando señalamientos de irregularidades en la adjudicación directa.
El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena de 4 años y 10 meses contra Pedro Andrés Rodríguez Melo por direccionar contrato de carrotanques con sobrecostos para llevar agua a La Guajira a cambio de dádivas millonarias.
El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena de casi 5 años de prisión contra Pedro Andrés Rodríguez Melo, exasesor jurídico de la UNGRD, por su participación en un caso de corrupción que involucra contratos en La Guajira.
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La Corte Suprema condenó al exsenador Ciro Ramírez a 23 años por corrupción, mientras análisis financieros muestran inconsistencias en su patrimonio durante los años del desfalco.
