Procuraduría alerta sobre graves irregularidades en contratos de vigilancia del Sena
La Procuraduría Delegada Primera para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública ha emitido una contundente advertencia al Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) tras identificar posibles irregularidades en cinco procesos licitatorios destinados a la contratación del servicio de vigilancia y seguridad privada en las regionales de la entidad. El valor total de estos contratos supera los 192.419 millones de pesos, una cifra que ha generado máxima alerta en el Ministerio Público.
Documento urgente y advertencias específicas
El oficio marcado como 'Advertencia-Urgente' fue dirigido al director general del Sena, Jorge Eduardo Londoño Ulloa, y publicado en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop II) el mismo viernes en que estaba programada la audiencia de adjudicación. El documento, firmado por el procurador Marcio Melgosa, señala que "se evidenció la estructuración de requisitos técnicos contrarios a la ley y perfiles con exigencias acumulativas, altamente específicas y en algunos casos desproporcionadas".
Esta situación ha derivado en el aplazamiento temporal de la adjudicación de al menos cuatro de las cinco zonas licitadas, equivalentes a aproximadamente 152.000 millones de pesos. Los procesos afectados corresponden a contratos de vigilancia en diferentes regiones del país, con valores distribuidos de la siguiente manera:
- Meta: 33.305 millones de pesos
- Cundinamarca: 38.860 millones de pesos
- Risaralda: 41.174 millones de pesos
- Sucre: 48.019 millones de pesos
Pliegos restrictivos y baja participación
En el sector de la vigilancia privada, las condiciones identificadas por la Procuraduría se conocen comúnmente como 'pliego sastre': términos de referencia diseñados de manera que solo un número reducido de empresas puede cumplirlos. El oficio del Ministerio Público advierte que estos pliegos, tal como están redactados, "restringen las condiciones de participación en los procesos" y que esta situación posiblemente incidió en la baja concurrencia de oferentes, particularmente en las zonas 3 y 4.
Los números respaldan esta advertencia de manera contundente: en el proceso correspondiente a la zona 3 participaron únicamente dos proponentes, mientras que en la zona 4 se presentó un único oferente. En cuanto a las zonas 1 y 5, que aún se encontraban dentro del plazo para recibir ofertas, la zona 1 requirió la expedición de una adenda para flexibilizar algunos requisitos; sin embargo, la Procuraduría consideró que las exigencias posiblemente seguían siendo restrictivas.
Exhortación a suspender procesos y advertencia sobre delegación
El documento de la Procuraduría, del que da cuenta la página 26 de 27 visible en el oficio, va más allá del cuestionamiento a los pliegos y exhorta expresamente al Sena a suspender los procesos de selección en las zonas 1, 3, 4 y 5. La advertencia se fundamenta en el escenario de "posible nulidad absoluta de los negocios jurídicos que se llegaran a suscribir", una situación que podría generar graves consecuencias legales y administrativas.
El procurador Melgosa también advirtió sobre la delegación que Londoño realizó de la ordenación del gasto a cada regional del Sena. Señaló que, pese a esa delegación, el director general mantiene el deber de vigilancia y control sobre los procesos contractuales y la obligación de garantizar que las regionales actúen conforme a los principios de legalidad, igualdad y transparencia. El oficio recuerda específicamente que dicha delegación no exonera al director de responsabilidad frente a eventuales irregularidades.
Riesgos identificados y situación actual
El documento identifica riesgos concretos frente a los principios de legalidad, libre concurrencia y selección objetiva, pilares fundamentales de la contratación pública en Colombia. A pesar de la contundente advertencia del ente de control, empresas del sector de vigilancia confirmaron que fueron citadas para que este lunes y martes se retomaran las audiencias del proceso.
La decisión final del Sena sobre si adjudica o suspende definitivamente los contratos se conocerá en las próximas horas, mientras la Procuraduría mantiene su vigilancia sobre un proceso que involucra recursos públicos significativos y que ha generado serias dudas sobre su transparencia y legalidad.
