Procuraduría revela inconsistencias en proyecto de COP 630.000 millones para inteligencia artificial
Un informe de la Procuraduría General de la Nación, conocido por El Espectador, alerta sobre graves inconsistencias en la viabilización y aprobación de un proyecto valorado en COP 630.000 millones en el OCAD de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI), donde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias) actúa como Secretaría Técnica. Este caso involucra la Convocatoria No. 46, que destina recursos del Sistema General de Regalías a iniciativas del sector CTeI en Colombia, con el objetivo de impulsar el desarrollo de inteligencia artificial en el país.
Inconsistencias en términos de referencia y cronograma
La Procuraduría señala que no hay claridad sobre la fase del proyecto aprobado. Los términos de referencia exigen que los proyectos estén en Fase III (factibilidad), pero documentos oficiales muestran que inicialmente se registró como Fase II, modificándose posteriormente a Fase III. Esto genera dudas sobre la validez técnica del proceso, ya que los requisitos difieren entre fases. Además, la plataforma del proyecto identifica a la Universidad del Magdalena como entidad ejecutora, mientras que la propuesta fue presentada por Internexa S.A., incumpliendo la normatividad que exige coherencia entre proponente y ejecutor.
Respecto al cronograma, la Procuraduría destaca que el plazo de presentación de propuestas fue de solo 30 días, considerado insuficiente para un proyecto de tal magnitud. A pesar de solicitudes de extensión, la Secretaría Técnica no atendió estas peticiones. Posteriormente, se modificaron fechas clave, reduciendo en 11 días el período de revisión técnica, lo que podría comprometer la calidad del análisis. El Minciencias justificó estos cambios argumentando una menor cantidad de proyectos a evaluar, pero la Procuraduría cuestiona esta decisión, señalando que usualmente se requieren extensiones, no reducciones.
Preocupaciones sobre la ejecutora y aprobación del proyecto
El proyecto, aprobado el 12 de febrero de 2026, destina COP 607.000 millones a la construcción de dos centros de datos en Santa Marta, Magdalena, para crear una nube pública, con una contrapartida de COP 74.000 millones de Internexa S.A. Sin embargo, la Procuraduría revela que Internexa carecía de un requisito técnico crucial: la autorización de su junta directiva para comprometer recursos superiores a US$10 millones. A pesar de esto, el proyecto fue aprobado, y días después, Internexa comunicó esta omisión al Minciencias.
La Procuraduría también critica que, tras una visita sorpresa el 2 de febrero donde alertó sobre posibles irregularidades, el Minciencias omitió esta advertencia y procedió con la aprobación. En el documento de aprobación, se afirmó que no existían alertas de control, contradiciendo los hallazgos de la Procuraduría. Esto plantea serias dudas sobre la transparencia y legalidad del proceso, poniendo en riesgo el patrimonio público.
Conclusiones y próximos pasos
El informe, emitido en el marco de la función preventiva de la Procuraduría, advierte que estas inconsistencias podrían afectar la legalidad, estructuración y protección de los recursos públicos. El Minciencias debe revisar los hallazgos y definir acciones correctivas, informando sobre las medidas tomadas. La magnitud de los recursos y el carácter estratégico del proyecto exigen máxima rigurosidad, subrayando la necesidad de fortalecer los controles en la gestión de regalías para ciencia e innovación.
