Condena de 16 años para exgerente de Yapurutú por escándalo en la UNGRD
La Fiscalía General de la Nación consiguió una nueva condena en el monumental caso de corrupción que sacude a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Francisco Javier Estupiñán Bravo, quien se desempeñaba como gerente de Ventas de la corporación Yapurutú, fue sentenciado a 16 años, 7 meses y 6 días de prisión por su participación activa en este entramado delictivo.
Preacuerdo y cargos aceptados
Estupiñán Bravo negoció un preacuerdo con la Fiscalía en el que aceptó su responsabilidad por dos delitos específicos: peculado por apropiación propio y en favor de terceros agravado, e interés indebido en la celebración de contratos. Sin embargo, el exdirectivo no aceptó los cargos de falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado, por lo que los fiscales Gabriel Sandoval y María Cristina Patiño presentarán un escrito de acusación separado en su contra por estos hechos.
Vinculación con el caso Manrique
Este proceso judicial forma parte del capítulo de corrupción vinculado al exdirector de la Función Pública, César Manrique, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia colombiana. La investigación de la Fiscalía sostiene que Manrique habría gestionado la desviación de 100.000 millones de pesos provenientes de un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, dinero que terminó en contratos amañados adjudicados a la corporación Yapurutú.
Los detalles del fraude
La investigación, dirigida por fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, demostró que Estupiñán Bravo intervino directamente en la adjudicación fraudulenta de la orden de proveeduría 185 del 11 de octubre de 2023, por un valor de 29.000 millones de pesos. Este contrato tenía como objeto el suministro de 40 carrotanques para transportar agua potable a comunidades indígenas del departamento de La Guajira.
Para conseguir esta adjudicación, el ahora condenado presentó documentación falsa que acreditaba la disponibilidad inmediata de los vehículos, sustentando esta información en una alianza comercial inexistente entre la corporación Yapurutú y un concesionario automotriz. A pesar de que los carrotanques no estaban disponibles por falta de ensamblaje, Estupiñán ayudó a desembolsar 24.406 millones de pesos del contrato.
Impacto económico del delito
El fraude generó sobrecostos por 11.114 millones de pesos, de los cuales 4.330 millones quedaron en manos de la corporación Yapurutú. Esta cifra representa solo una parte del desfalco total investigado en este caso, que involucra a múltiples actores y contratos dentro del escándalo de la UNGRD.
Otros implicados en el proceso
Francisco Javier Estupiñán fue judicializado junto con otras seis personas vinculadas al caso:
- Édgar Echeverri, exrepresentante de la fundación
- Édgar Eduardo Riveros Rey, abogado
- Ana María Riveros Barbosa, hija del abogado Riveros
- Sonia Rocío Romero Hernández, cuñada de Riveros
- Jorge Aristizábal Rodríguez, asesor de la Dirección de la Función Pública
- Óscar Enrique Cárdenas Angulo, contratista
La sentencia contra Estupiñán marca un avance significativo en la investigación de este caso de corrupción que ha comprometido recursos destinados a la gestión del riesgo y la atención de comunidades vulnerables en Colombia.
