Indicios preocupantes rodean al candidato presidencial Abelardo de la Espriella
En el ámbito de la justicia, el periodismo y la ética profesional, un indicio sobre conductas cuestionables de una figura pública motiva una indagación preliminar. Dos indicios incrementan el interés en el caso. Tres conducen a establecer un posible patrón de comportamiento. El pasado viernes, el medio digital Cuestión Pública publicó un artículo que debería haber generado un escándalo nacional, pues su protagonista no solo es un abogado conocido por sus actuaciones polémicas, sino que actualmente es candidato presidencial, uno de los tres aspirantes con mayores posibilidades de convertirse en el próximo jefe de Estado de Colombia.
El caso Mónica Mazzilli Rossi
"¿Ladrón que roba a ladrón?" es el título del informe periodístico que revela cómo Abelardo de la Espriella habría incumplido con su clienta Mónica Mazzilli Rossi, una colomboitaliana ex corredora de bolsa descubierta en 2008 por desfalcar los ahorros pensionales de trabajadores de Ecopetrol por 70 mil millones de pesos. Mazzilli contrató a De la Espriella para su defensa legal, pagándole 300 mil dólares en honorarios.
Según la demanda disciplinaria presentada años después, De la Espriella y su socio Carlos Sánchez no solo incumplieron las obligaciones de defensa pactadas, sino que facilitaron la captura y condena de Mazzilli mientras continuaban solicitándole dinero. Los documentos exhibidos indican que, además del pago inicial, el abogado habría pedido 1.000 millones de pesos supuestamente para "tocar" al entonces fiscal general Mario Iguarán, prometiendo que su clienta no pasaría más de 20 días en la cárcel.
Un año después, en 2009, De la Espriella habría solicitado otros 250 millones de pesos: 100 millones para impuestos y 150 millones para "entregar a unos funcionarios" que agilizarían su salida de la cárcel. Aunque la acción disciplinaria fue declarada prescrita por el magistrado sustanciador, los hechos documentados permanecen en la memoria colectiva.
El paralelismo con David Murcia Guzmán
Como señala Cuestión Pública, el caso Mazzilli presenta sorprendentes similitudes con el relatado por David Murcia Guzmán, creador de DMG, quien también contrató a De la Espriella en 2008. En entrevista con Daniel Coronell, Murcia afirmó que el abogado nunca le devolvió 5.000 millones de pesos dados como anticipo por una defensa que nunca ejerció, actuando incluso en su contra.
El fundador de DMG reveló además que De la Espriella le solicitó otros 760 millones de pesos para "tocar congresistas" y evitar la aprobación de una ley que perjudicaría sus intereses. Varios audios grabados por la Fiscalía confirman esta versión, y Murcia -quien aún cumple condena- advirtió haber presentado denuncia penal contra el abogado.
La declaración del Tuso Sierra
En 2010, dos años después de los enredos con Mazzilli y Murcia, el nombre de De la Espriella apareció en declaraciones judiciales del narcotraficante Tuso Sierra. Ante la Corte Suprema, Sierra afirmó que "este hombre nos pidió 4.000 millones de pesos porque ya tenía cuadrado eso en la Corte Constitucional", refiriéndose a un fallo sobre la calificación política de sedición para crímenes paramilitares.
Sierra, quien reveló a la justicia cómo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez complotó con jefes paramilitares para afectar a miembros de la Corte Suprema, posteriormente se retractó de sus confesiones. Sin embargo, en el complejo juego del poder colombiano, estas declaraciones adquieren especial relevancia.
Un patrón de tres indicios
Los dichos de Mazzilli constituyen un primer indicio inquietante sobre las prácticas de Abelardo de la Espriella. Con el testimonio de Murcia, se suman dos preocupantes. Y con las declaraciones de Sierra, completarían tres señales que configuran una sospecha legítima sobre el modus operandi del ahora candidato presidencial.
El silencio atronador que ha rodeado estas revelaciones contrasta con la gravedad de las acusaciones contra una figura que aspira a la máxima magistratura del país. En vísperas de las elecciones de 2026, estos casos plantean preguntas incómodas sobre los estándares éticos que deben exigirse a quienes buscan dirigir la nación.
