JEP evalúa expulsión de alias Yako por vínculos con magnicidio de Uribe Turbay
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se encuentra en un proceso decisivo que podría llevar a la expulsión de Kendry Téllez Álvarez, alias Yako, un disidente de las Farc señalado como pieza fundamental en el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Según información exclusiva, la jurisdicción revisa actualmente los beneficios otorgados al compareciente, quien ha estado ausente de los procesos judiciales y cuyo paradero actual es desconocido incluso para su propia defensa legal.
Vínculos con el crimen político
Las investigaciones judiciales han establecido que alias Yako actuó como enlace directo entre la Segunda Marquetalia y la red criminal que ejecutó el atentado contra Uribe Turbay el 7 de junio del año pasado en el parque El Golfito de Modelia. Según testimonios y expedientes, Téllez habría tenido un rol activo en la planeación, coordinación y financiación del crimen, contactando directamente a Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, quien fue condenado a 22 años de prisión por el magnicidio.
La Fiscalía General ha señalado a Iván Márquez y al Zarco Aldinever, cabecillas de la Segunda Marquetalia, como los determinadores intelectuales del atentado. El grupo criminal habría planeado el asesinato con el objetivo de desestabilizar el panorama político previo a las elecciones, lo que motivó la reactivación de órdenes de captura y circulares rojas de Interpol en marzo de 2026.
Historial delictivo y beneficios en la JEP
Kendry Téllez Álvarez carga con un extenso historial delictivo que incluye:
- Condena de 28 años por secuestro extorsivo agravado y porte ilegal de armas de fuego (2005)
- Condena de 51 meses por tentativa de extorsión con multa de 960 salarios mínimos
En 2018, la Sala de Amnistía o Indulto de la JEP le concedió libertad condicionada únicamente respecto al delito de porte ilegal de armas, manteniéndose vinculado a la jurisdicción desde entonces. Sin embargo, esta situación podría cambiar radicalmente tras las recientes investigaciones.
Desaparición y proceso de expulsión
En un auto firmado el 25 de marzo de este año por el magistrado Adolfo Murillo Granados, la Sección de Revisión de la JEP remitió el caso a las Salas de Amnistía o Indulto y de Reconocimiento para evaluar el posible incumplimiento de las condiciones que permitieron la libertad condicionada de Téllez en 2018.
La JEP ha documentado que:
- El compareciente no ha respondido a llamados recientes de la jurisdicción
- Su defensa legal no ha logrado ubicarlo ni establecer comunicación
- La Agencia para la Reincorporación y la Normalización lo registra como "ausente" durante los últimos seis meses
"Una funcionaria de este despacho adelantó las gestiones necesarias para establecer contacto telefónico con el señor Téllez Álvarez; sin embargo, no fue posible lograr comunicación directa con el compareciente. De igual manera, el abogado defensor informó que tampoco ha tenido un resultado positivo en sus intentos de dialogar con su representado", señala la decisión judicial.
Contradicciones en la defensa
La situación presenta notables contradicciones. En julio de 2025, el defensor de Téllez aseguró que su cliente se encontraba activo en el Programa de Reincorporación Integral, desarrollando un proyecto productivo de avicultura en la zona rural de Albán, Cundinamarca. Según la defensa, las dificultades de comunicación se debían a la deficiente señal celular en la región, sugiriendo el uso de WhatsApp como alternativa.
Sin embargo, fuentes de inteligencia indican que Iván Márquez y otros sospechosos, incluido alias Yako, podrían estar escondidos en la frontera con Venezuela, lejos del proyecto avícola mencionado por la defensa.
Próximos pasos judiciales
La JEP ha solicitado formalmente a la Fiscalía que informe con urgencia sobre:
- La situación jurídica actual de Téllez Álvarez
- Los procesos penales en su contra
- La existencia de órdenes de captura vigentes
Paralelamente, se ha requerido al propio Téllez y a su abogado que se pronuncien sobre los señalamientos y expliquen su situación frente al sistema de justicia transicional. La decisión final sobre su permanencia en la JEP podría marcar un precedente significativo en el tratamiento de comparecientes vinculados a crímenes de alta gravedad durante el proceso de paz.
