Fiscalía destapa presunto entramado de corrupción en contratos del ICBF en La Guajira
La Fiscalía General de la Nación reveló un presunto caso de corrupción que afectó directamente a poblaciones vulnerables en el departamento de La Guajira, específicamente en los municipios de Riohacha y Manaure. Las investigaciones señalan que tres contratos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), destinados a la atención integral de niños, niñas y mujeres gestantes de comunidades étnicas y rurales, habrían sido objeto de graves irregularidades.
Detrimento patrimonial superior a los 860 millones de pesos
Según los hallazgos de la Fiscalía, el proceso contractual estuvo marcado por un "entramado" que concentró la contratación en favor de intereses particulares. Los convenios, firmados entre febrero y diciembre de 2019, tenían como objetivo principal la prestación de servicios de alimentación y atención integral para las poblaciones más necesitadas de la región.
Las investigaciones determinaron que durante la ejecución de estos programas se presentaron múltiples irregularidades:
- Supervisores de los contratos habrían avalado actas de revisión con información falsa
- Se autorizaron al menos 12 pagos con sobrecostos injustificados
- Facturas y cuentas de cobro presentaban incrementos inusuales en precios de alimentos
- Los valores de las raciones alimentarias fueron inflados artificialmente
Implicados en el caso
La Fiscalía identificó a varios responsables presuntos en este esquema de corrupción:
- Exfuncionarios del ICBF: Gabriel Antonio Benítez Orcasita, Lorenza Martínez Valdeblanques y Jessica Karina Peñaranda Murgas
- Particulares involucrados: Leyder Fabián Pérez Romero, José Gregorio Mengual Riveira, Pedro Pablo Romero Pinilla y Rosidis Barliza Rivera
Rosidis Barliza Rivera aparecía como representante legal de la empresa contratista, mientras que los otros particulares figuraban como proveedores de productos perecederos, carnes y verduras, aunque las investigaciones sugieren que estos documentos podrían haber sido utilizados para justificar los sobrecostos.
Delitos imputados y situación procesal
Una fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional La Guajira imputó los siguientes delitos según la presunta participación individual de cada implicado:
- Peculado por apropiación en favor de terceros agravado
- Peculado por apropiación
- Falsedad ideológica en documento público
- Falsedad en documento privado
Actualmente, la resolución de la situación jurídica de los procesados se encuentra pendiente de ser definida por un juez de control de garantías, quien deberá evaluar las pruebas técnicas y documentales recopiladas por la Fiscalía.
Impacto en las comunidades vulnerables
Este caso adquiere especial gravedad por afectar directamente a poblaciones en situación de vulnerabilidad en La Guajira, departamento que históricamente ha enfrentado desafíos en materia de seguridad alimentaria y atención a la primera infancia. Los programas del ICBF representaban una esperanza para:
- Niños y niñas de comunidades étnicas y rurales
- Mujeres gestantes en condiciones de pobreza
- Familias que dependen de la asistencia estatal para su alimentación básica
El detrimento patrimonial de más de 860 millones de pesos no solo representa un daño económico al Estado, sino que también comprometió la calidad y continuidad de los servicios destinados a quienes más los necesitaban.
Este caso se suma a otros escándalos de corrupción que han afectado a La Guajira en los últimos años, poniendo en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión en la ejecución de contratos públicos, especialmente aquellos destinados a proteger a los sectores más vulnerables de la población colombiana.
