Fiscalía desmantela entramado corrupto en contratos de Bienestar Familiar en La Guajira
La Fiscalía General de la Nación destapó ante un juez de control de garantías los detalles de una compleja red de corrupción que operaba en el departamento de La Guajira, específicamente diseñada para desviar recursos públicos destinados a la atención de la primera infancia y madres gestantes en los municipios de Riohacha y Manaure. Según las investigaciones, el monto total desfalcado asciende a la alarmante cifra de 860 millones de pesos, dinero que debería haber beneficiado a poblaciones vulnerables pero que terminó en manos de particulares mediante un sofisticado esquema fraudulento.
Siete imputados, incluyendo exfuncionarios del ICBF
El ente acusador formalizó cargos contra siete personas identificadas como presuntos responsables de este escándalo que ha conmocionado a la región. Entre los imputados se encuentran tres exfuncionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF): Gabriel Antonio Benítez Orcasita, Lorenza Martínez Valdeblanques y Jessica Karina Peñaranda Murgas, quienes ejercían como supervisores de los contratos bajo investigación.
Completan la lista de judicializados cuatro particulares: Leyder Fabián Pérez Romero, José Gregorio Mengual Riveira, Pedro Pablo Romero Pinilla y Rosidis Barliza Rivera. Esta última habría actuado como representante legal de la asociación beneficiaria de los contratos irregulares. Todos enfrentan cargos por peculado por apropiación en favor de terceros agravado, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.
Modus operandi del fraude contra la primera infancia
La investigación, a cargo de una fiscal especializada en delitos contra la administración pública, establece que los hechos ocurrieron entre febrero y diciembre de 2019, cuando se ejecutaron tres contratos entre el ICBF y una asociación sin ánimo de lucro. La finalidad oficial de estos convenios era atender a población vulnerable del departamento, con un componente especial de alimentación con enfoque diferencial para niños en primera infancia y mujeres embarazadas.
Sin embargo, según la Fiscalía, los exfuncionarios del ICBF habrían facilitado el desvío de recursos al autorizar irregularmente las actas de revisión y doce pagos con evidentes sobrecostos, beneficiando directamente a la asociación representada por Barliza Rivera. "Estas actuaciones estaban sustentadas en facturas y cuentas de cobro a nombre de Pérez Romero, Mengua Rivera y Romero Pinilla, quienes fungían como proveedores de productos perecederos, carnes y verduras", explicó el ente acusador.
Sobrecostos y documentos falsificados
Los documentos presentados para justificar los pagos registraban incrementos inusuales en el valor de los artículos y las raciones, presuntamente utilizados por Barliza Rivera para inflar los informes financieros ante el ICBF y solicitar desembolsos adicionales de dinero. Esta manipulación de precios y cantidades permitió el desvío sistemático de recursos que deberían haber garantizado la alimentación y atención adecuada de menores y madres gestantes en condiciones de vulnerabilidad.
El expediente detalla cómo se habría configurado un entramado corrupto perfectamente orquestado para apoderarse de fondos públicos, aprovechando precisamente programas sociales destinados a los sectores más necesitados de La Guajira. Los 860 millones de pesos representan un grave detrimento patrimonial del Estado y, más preocupante aún, un robo directo a la población infantil y materna que dependía de estos servicios.
Próximas etapas del proceso judicial
Con la imputación formal de cargos completada, los siete investigados deberán ahora enfrentar la fase de acusación ante un juez de conocimiento. La Fiscalía ha recopilado evidencia documental y testimonial que sustenta la participación de cada uno en el esquema fraudulento, destacando el papel de los exfuncionarios del ICBF como facilitadores clave del desvío al aprovechar sus posiciones de supervisión dentro de la entidad.
Este caso se suma a otros escándalos de corrupción que han afectado a La Guajira en los últimos años, particularmente aquellos relacionados con programas sociales. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas imputaciones a medida que avance el análisis de la documentación incautada y los testimonios recogidos por las autoridades.
