Un juez de control de garantías prorrogó la medida de aseguramiento en centro carcelario contra Juan Camilo Muñoz Gaviria, alias 'Teta', y Juan David Echavarría Zapata, alias 'Chuky', señalados de participar en el crimen de Sara Millerey, ocurrido el 4 de abril de 2025 en el municipio de Bello, Antioquia. La decisión se adoptó en desarrollo del proceso penal, que avanzó recientemente con la audiencia preparatoria de juicio oral.
Nuevas investigaciones en contra de los procesados
Durante la diligencia, la Fiscalía expuso que ambos procesados continúan vinculados a nuevas investigaciones penales, circunstancia que, a juicio del ente acusador, justifica la permanencia de la medida privativa de la libertad mientras avanza el proceso por el homicidio de Sara Millerey. En ese sentido, la autoridad judicial resolvió mantener vigente la detención preventiva de los dos investigados.
Además, la Fiscalía informó que Juan Camilo Muñoz Gaviria y Juan David Echavarría Zapata fueron vinculados recientemente a una nueva investigación por el delito de concierto para delinquir, al ser considerados presuntos integrantes del grupo delincuencial conocido como 'El Mesa'. La imputación por este nuevo caso fue realizada el pasado 22 de mayo y hace parte de las actuaciones que adelanta el ente acusador para establecer la presunta participación de ambos en actividades de esa estructura criminal.
Cargos adicionales para Echavarría Zapata
En el caso de Juan David Echavarría Zapata, la Fiscalía también le formuló un cargo por homicidio relacionado con un crimen ocurrido en abril de 2020 en el municipio de Bello. Como consecuencia de esa nueva actuación judicial, un juez le impuso una nueva medida de aseguramiento en centro carcelario, situación que mantiene vigente su privación de la libertad mientras continúan las investigaciones por ese hecho y por el caso de Sara Millerey.
Situación jurídica de Muñoz Gaviria
Por su parte, la situación jurídica de Juan Camilo Muñoz Gaviria también permanece sin modificaciones debido a que actualmente cumple una condena de nueve años y diez meses de prisión por otro proceso judicial. Esa circunstancia, según indicó la Fiscalía, impide que recupere la libertad, independientemente de la decisión adoptada dentro del expediente por el homicidio de Sara Millerey.
