La Sociedad de Activos Especiales (SAE) recuperó 32 inmuebles en el departamento de Antioquia, cuyo valor total asciende a aproximadamente 19.500 millones de pesos colombianos. Estas propiedades estarían relacionadas con Francisco Javier Piedrahita Sánchez, una persona vinculada a procesos judiciales por presuntos nexos con el narcotráfico y las finanzas de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu). Uno de los bienes recuperados será destinado a funcionar como refugio para 146 animales domésticos que se encontraban en situación de abandono.
Investigaciones señalan vínculos con el cartel de Medellín y las AUC
De acuerdo con las investigaciones adelantadas por las autoridades, Piedrahita Sánchez fue socio de Gonzalo Rodríguez Gacha, conocido como “el Mexicano”, quien fue uno de los jefes del cartel de Medellín. También se le vincula con Carlos Castaño, fundador de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Los inmuebles fueron recuperados en el marco de operaciones ejecutadas por la Fiscalía General de la Nación.
Inmuebles estaban a nombre de familiares y sociedades
Durante las verificaciones realizadas por la SAE, se logró identificar que los bienes se encontraban registrados a nombre de Ana Paulina Uribe Lopera, quien fue expareja sentimental de Piedrahita Sánchez, así como de otros integrantes de su círculo familiar. Además, la entidad descubrió que los inmuebles estaban vinculados a la sociedad Uribe Lopera Cia, una empresa dedicada a la cría de ganado bovino y bufalino.
Según la información recopilada por la SAE, algunos de estos inmuebles estarían siendo subarrendados, generando presuntos beneficios económicos ilegales. Esto ocurría a pesar de que las propiedades continuaban vinculadas a procesos judiciales y se encontraban bajo la administración del Estado.
Piedrahita Sánchez: articulador financiero del paramilitarismo
La SAE señaló que Piedrahita Sánchez fue identificado por las autoridades como uno de los principales articuladores de las estructuras financieras del paramilitarismo en Colombia. Este hecho quedó reflejado en las investigaciones conocidas como “Parqueadero Padilla”, las cuales permitieron documentar presuntas operaciones de lavado de activos, narcotráfico e incremento patrimonial injustificado. Estas actividades estaban asociadas a organizaciones criminales que operaron en distintas regiones del país.
Investigaciones marcadas por la violencia
La SAE destacó que estas investigaciones representan uno de los capítulos más difíciles para la administración de justicia colombiana. La entidad aseguró que, durante las labores investigativas adelantadas por el fiscal Gregorio Oviedo y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), 14 investigadores fueron asesinados en hechos atribuidos a estructuras criminales. Estas organizaciones estaban interesadas en impedir el avance de las pesquisas sobre las finanzas del narcotráfico y el paramilitarismo.
