Las autoridades suelen medir la seguridad y mostrar resultados a partir de indicadores como cantidad de homicidios, hurtos o capturas. Sin embargo, esa ecuación suele comunicarse sin los indicadores de un componente menos visible pero fundamental a la hora de determinar la capacidad del Estado para garantizar la convivencia: lo que ocurre después de que se abre un proceso por una conducta que infringe las normas de convivencia ciudadana.
La otra cara de la seguridad en Bogotá
Mientras los informes oficiales destacan la reducción de homicidios y hurtos, miles de expedientes por contravenciones al Código de Policía permanecen sin resolver en los archivos de la capital. La Personería de Bogotá ha alertado sobre esta situación, señalando que la falta de seguimiento a estos casos debilita la credibilidad de las instituciones y fomenta la impunidad en conductas que afectan la convivencia diaria.
Expedientes engavetados: un problema estructural
Según datos de la Personería, aproximadamente el 40% de los procesos abiertos por infracciones al Código de Policía en Bogotá no tienen una resolución definitiva. Esto significa que comportamientos como el ruido excesivo, el mal uso del espacio público o las riñas callejeras quedan sin sanción, lo que desestimula el cumplimiento de las normas y genera una sensación de impunidad entre los ciudadanos.
El personero de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ha manifestado su preocupación por este fenómeno. "No basta con capturar o imponer comparendos; es necesario que los procesos tengan un cierre efectivo. De lo contrario, la autoridad pierde legitimidad", afirmó Galán durante una reciente intervención ante el Concejo de Bogotá.
Las causas del rezago
Entre los factores que explican el rezago en la resolución de estos expedientes se encuentran la falta de personal en las inspecciones de policía, la complejidad burocrática de los procedimientos y la ausencia de herramientas tecnológicas que agilicen los trámites. Además, muchos casos son archivados por vencimiento de términos o porque los denunciantes desisten del proceso.
- Falta de inspectores de policía suficientes para atender la demanda.
- Procedimientos administrativos lentos y con múltiples etapas.
- Desinterés de los ciudadanos en dar seguimiento a sus denuncias.
- Limitada coordinación entre la Policía Nacional y las alcaldías locales.
Impacto en la convivencia ciudadana
La acumulación de expedientes sin resolver tiene consecuencias directas en la percepción de seguridad y en la calidad de vida de los bogotanos. Cuando las infracciones menores quedan impunes, se normalizan conductas que deterioran el tejido social y generan conflictos vecinales. Además, se desincentiva la denuncia, lo que a su vez reduce la capacidad de las autoridades para intervenir de manera oportuna.
La Personería ha recomendado implementar un sistema de seguimiento digital de los procesos, así como fortalecer las inspecciones de policía con más personal y recursos. También ha sugerido campañas de pedagogía ciudadana para fomentar la denuncia responsable y el cumplimiento voluntario de las normas.
Un desafío para la nueva administración
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ha asumido el compromiso de mejorar la gestión de los expedientes policiales como parte de su plan de seguridad. En sus primeras declaraciones, señaló que "la seguridad no solo se mide por los grandes delitos, sino también por la capacidad de resolver los conflictos cotidianos que afectan la convivencia".
Se espera que en los próximos meses se presenten reformas al Código de Policía y se asignen mayores recursos a las inspecciones. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil advierten que sin un cambio cultural y una mayor participación ciudadana, las soluciones serán insuficientes.
El caso de los expedientes policiales olvidados en Bogotá pone de manifiesto que la seguridad no es solo un asunto de estadísticas, sino de procesos efectivos que garanticen el respeto a las normas y la confianza en las instituciones.
