La firma Víctor Mosquera Marín Abogados, en conjunto con la Fundación Derechos y Justicia Asociados, ha elaborado un documento técnico remitido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El informe busca exponer ante la comunidad internacional una serie de irregularidades que, según sus autores, afectaron la transparencia y el equilibrio de las elecciones presidenciales en Colombia.
Análisis territorial del comportamiento electoral
El reporte se basa en datos oficiales de la Registraduría Nacional del Estado Civil tras la primera vuelta presidencial del 31 de mayo. Los resultados definitivos definieron a Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda Castro como los candidatos para la segunda vuelta. El informe destaca la distribución de votos en regiones periféricas, donde Iván Cepeda obtuvo 9.688.361 votos (40,90% del total nacional), con alta concentración en departamentos del suroeste y sur como Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Chocó, Putumayo, Caquetá, Guaviare y Meta.
Anomalías en mesas de votación
Las organizaciones cruzaron los resultados con mapas de presencia de grupos armados ilegales, encontrando que las zonas con mayor votación oficialista coinciden con corredores de movilidad del Estado Mayor Central y el Ejército de Liberación Nacional. El estudio de los formularios E-14 reveló que en 218 mesas receptoras en zonas de conflicto, Iván Cepeda obtuvo el 100% de los votos, sin votos nulos, en blanco ni de la oposición.
Zonas PDET y control territorial
De esas 218 mesas atípicas, 168 están en municipios de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). En departamentos como Nariño, actas electorales muestran puestos de votación rurales donde el total de votantes coincide exactamente con los votos para el candidato del gobierno. El informe vincula estos resultados con órdenes públicas de líderes de disidencias de las Farc, quienes instruyeron inducir el voto hacia el proyecto gubernamental y restringir la propaganda opositora.
Participación del poder ejecutivo
El informe evalúa la conducta de servidores de la rama ejecutiva frente a las prohibiciones del artículo 127 de la Constitución y la Ley 996 de 2005. A pesar de un fallo del Consejo de Estado que ordenó al mandatario abstenerse de propaganda electoral, se documentan intervenciones posteriores del presidente Gustavo Petro en alocuciones oficiales y redes sociales, vinculando propuestas de la oposición con estructuras delictivas y convocando a rechazarlas.
Afectaciones a la oposición
Las firmas denuncian que los discursos institucionales incrementaron la polarización social durante la campaña. Como consecuencia, se registraron ataques físicos contra sedes políticas, como los daños graves a la sede de la candidata Paloma Valencia en Bogotá. El documento detalla que grupos armados como el Estado Mayor Central y el ELN impidieron el ingreso de líderes opositores y prohibieron la distribución de propaganda en zonas rurales.
El informe concluye solicitando atención urgente de la CIDH ante la segunda vuelta del 21 de junio de 2026, argumentando que la presión territorial de grupos armados y la intervención estatal vulneran los principios de igualdad y equidad del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
