La Gobernación de Antioquia anunció una recompensa de hasta COP $50 millones para quienes proporcionen información que permita identificar y capturar a los responsables del asesinato de la lideresa social y comunal Mónica Eugenia Sánchez Román. El crimen ocurrió el pasado 19 de junio en una zona rural del municipio de Santa Bárbara, en el suroeste del departamento.
Detalles del crimen
Según reportes preliminares, la dirigente comunitaria fue interceptada por hombres armados que le dispararon en repetidas ocasiones. Las autoridades judiciales adelantan labores de recolección de pruebas, entrevistas y análisis de inteligencia para esclarecer las circunstancias del homicidio y determinar los responsables. La Fiscalía lidera las investigaciones con el apoyo de la Policía Nacional.
Entre las líneas de investigación se analiza la posible participación de organizaciones armadas ilegales con presencia en la región. Fuentes cercanas al proceso señalaron que no se descarta la eventual responsabilidad de integrantes del Clan del Golfo ni de pequeñas estructuras de las disidencias de las Farc.
Reacción de las autoridades
La administración departamental rechazó el homicidio y anunció los incentivos económicos para obtener información que permita avanzar en el esclarecimiento de los hechos. Organizaciones sociales y líderes comunitarios expresaron su preocupación y exigieron medidas efectivas para proteger a quienes ejercen labores de liderazgo en los territorios.
Cifras alarmantes
Según la Fundación Ideas para la Paz (Indepaz), el asesinato de Sánchez eleva a 72 el número de líderes sociales asesinados en Colombia durante 2026. En Antioquia, al menos 14 representantes comunales han sido asesinados este año. El departamento figura entre los territorios más afectados por la violencia contra defensores de derechos humanos, junto con Cauca, Arauca, Valle del Cauca y Norte de Santander.
Varios de estos homicidios ocurren en zonas donde grupos armados ilegales disputan corredores estratégicos para actividades ilícitas. El asesinato de Sánchez se produce en un contexto de tensión política y polarización durante la campaña presidencial.
Exigencias de la comunidad
Habitantes de Santa Bárbara y organizaciones de la sociedad civil insisten en la necesidad de garantizar condiciones de seguridad para el ejercicio del liderazgo social y reclaman resultados que eviten la impunidad. Las investigaciones continúan en curso.
