Un juzgado penal ordenó la captura de Carlo Vigna Taglianti, ciudadano italiano y director de la multinacional palmicultora Poligrow, por su presunta participación en una organización dedicada a la deforestación masiva en el sur de Colombia. La empresa, de origen italoespañol, opera desde 2008 en Mapiripán, Meta. Vigna también fue miembro de la Junta Directiva de Fedepalma entre 2015 y 2016.
Acusaciones y delitos
Según la investigación de la Dirección de Carabineros de la Policía y la Fiscalía, Vigna sería el presunto líder de una organización que ha deforestado miles de hectáreas de bosque. Se le imputan delitos de ecocidio, aprovechamiento ilícito de recursos naturales, concierto para delinquir y fraude procesal. El Espectador intentó contactar a Vigna y a sus abogados, pero no obtuvo respuesta.
Operativos de captura
Entre febrero y marzo de 2026, las autoridades realizaron inspecciones en Mapiripán para recaudar pruebas. Se calcula que, entre 2008 y 2026, se deforestaron más de 52.000 hectáreas de tierra aledaña a parques naturales como Tinigua, La Macarena, Chiribiquete, Nukak y Picachos. Además, se construyeron 68 kilómetros de vías ilegales en la región.
El miércoles 10 de junio se desarrollaron operativos para capturar a 14 personas más, presuntos integrantes de la organización. Los operativos se realizaron en Casanare, Meta, Santander y Bolívar. Entre los detenidos están Andrés Enrique Fonseca Romero, Eduardo Santos Leguizamo, Liliana Edith Bustos Méndez, Sandra Milena Ladino Ramírez, Leonardo Alexis Rondón Sáenz, Eiby Lucía Rodríguez Lara, Jorge Iván Duque Lenis (exalcalde de Mapiripán), Jaime Romero Romero, John Humberto Rodríguez Gómez y Jorge Avendaño Rodríguez.
También fueron detenidos cinco familiares del congresista William Aljure Peña: sus hermanos Tufik, Vadit, Anafda y Loris Aljure Peña, así como Dumar Gontran Aljure Martínez. Los Aljure son nietos de Dumar Aljure Moncaleano, excomandante de las guerrillas liberales de los Llanos en los años cincuenta.
Antecedentes históricos
En 1953, el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla entregó a Aljure Moncaleano un extenso baldío llamado Santa Ana, de 120.000 hectáreas. Estas tierras son las que habrían sufrido los delitos ambientales por parte de la empresa de Vigna y los demás capturados.
Modus operandi
La investigación señala que la organización operaba con funciones diferenciadas: poseedores de tierras, intermediarios, funcionarios locales, compradores y la multinacional palmicultora. El esquema comenzaba con la ocupación y protocolización de baldíos, que luego eran fragmentados, transferidos y explotados económicamente bajo apariencia de legalidad. Las tierras se dividieron en 60 predios y se transfirieron a terceros mediante escrituras públicas y contratos de posesión, en un proceso de “fraccionamiento estratégico”.
El núcleo central de la teoría del caso es la relación entre la familia Aljure y Carlo Vigna. Los Aljure actuaron como poseedores históricos del predio Santa Ana, mientras que Vigna y Poligrow aportaron capital, infraestructura agroindustrial y capacidad empresarial. Esta alianza se materializó mediante contratos de compraventa de posesión y la constitución de sociedades como Ganadería Santa Ana S.A.S.
Los investigadores describen esta dinámica como un “carrusel de tierras”, donde los terrenos pasaban por familiares, apoderados, compradores y sociedades hasta incorporarse a un modelo de explotación agroindustrial.
Pruebas de la Fiscalía
A pesar de que Fedepalma considera a Poligrow y a Vigna como un ejemplo de desarrollo sostenible, la Fiscalía tiene pruebas de lo contrario. En 2020, el IDEAM alertó sobre deforestación a gran escala en Mapiripán. Diecisiete informes entre 2020 y 2023 identificaron 624 polígonos de deforestación en el megapredio Santa Ana. Las áreas intervenidas eran originalmente bosque natural y sabanas, transformadas para cultivos de palma de aceite y ganadería extensiva.
Los investigadores concluyen que la deforestación no fue un evento aislado, sino un proceso sistemático asociado a proyectos agroindustriales y ganaderos. La magnitud del daño configuraría delitos de deforestación y afectación sistémica de recursos naturales.
La Fiscalía presentará estas pruebas ante un juez de control de garantías para imputar cargos por ecocidio, aprovechamiento ilícito de recursos naturales, concierto para delinquir y fraude procesal.
Antecedentes judiciales
No es la primera vez que Vigna enfrenta a la justicia. En 2017 fue absuelto de los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada, fraude procesal y falsedad documental, por falta de pruebas contundentes. Ahora, casi una década después, deberá defenderse nuevamente. Personas cercanas a su entorno aseguran que saldrá indemne y demostrará su aporte al desarrollo de Mapiripán y el Meta.
