El Estado Mayor Conjunto del Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo, a través del Bloque Roberto Vargas Gutiérrez, anunció la suspensión temporal del recaudo del llamado “impuesto de guerra” sobre el comercio legal urbano en varios municipios de Colombia. La decisión fue presentada como un “mensaje de buena voluntad” al presidente electo Abelardo De La Espriella y a los mediadores internacionales del proceso de paz. La medida estará vigente entre el 10 de julio y el 10 de octubre de 2026.
Suspensión del impuesto de guerra aplicará del 10 de julio al 10 de octubre
De acuerdo con el comunicado, la medida se aplicará únicamente en las zonas especificadas correspondientes al Bloque Roberto Vargas Gutiérrez. La suspensión cobija el recaudo del “impuesto de guerra” sobre el comercio legal urbano en los municipios en los que opera la organización y bajo los frentes que integran dicho bloque. La decisión se adoptó “como un acto de voluntad hacia el pueblo colombiano” y como un mensaje dirigido al presidente electo, al gobernador del departamento de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, y a los países mediadores de los diálogos de paz entre el grupo armado y el Estado: Reino de España, Reino de Noruega, Confederación Suiza y Estado de Qatar.
También se hace referencia a los acompañantes del proceso, entre ellos la Misión de Apoyo al Proceso de Paz MAPP/OEA, la Conferencia Episcopal de Colombia y el Consejo Mundial de Iglesias. El comunicado sostiene que la suspensión se enmarca en los acuerdos suscritos en Doha, Qatar. En el documento se ordena a los comandantes de los frentes implicados y a las direcciones administrativas pertinentes cumplir con lo señalado.
Municipios incluidos en la decisión del Bloque Roberto Vargas Gutiérrez
El comunicado enumera las zonas donde aplicará la suspensión temporal, distribuidas por frentes. Entre los municipios mencionados aparecen Valdivia, Yarumal, Santa Rosa y Don Matías, atribuidos al Frente Julio César Vargas. También se incluyen San Marcos, Pueblo Nuevo, Buenavista, Caimito, La Villa San Benito Abad, Ayapel, La Apartada, Nechí, Zaragoza, Jacinto del Cauca, Guaranda, Majagual, Sucre y Puerto, relacionados con el Frente Uldar Cardona Rueda.
En otro bloque territorial se mencionan Puerto Libertador, Montelíbano, Uré y Planeta Rica, correspondientes al Frente Rubén Darío Ávila Martínez. El comunicado también señala al municipio de El Bagre dentro del Frente Manuel Alexander Ariza. La lista continúa con Tarazá, Cáceres y Caucasia, bajo el Frente Yeison Leudo Chaverra. Además, se mencionan Vegachí, Yalí, Yolombó, Cisneros, Amalfi, Maceo, Remedios y Segovia, atribuidos al Frente Jorge Iván Arboleda Garcés.
En el caso del Frente Javier Yepes Cantero, el documento incluye Montería, Tierralta, Tuchín, San Pelayo, San Carlos, San Antero, San Andrés de Sotavento, Sahagún, Purísima, Momil, Lorica, Cotorra, Ciénaga de Oro, Chinú, Chimá y Cereté. Finalmente, el comunicado menciona a Anorí como municipio asociado al Frente Jorge Mario Valle. La organización precisa que la medida será aplicable “únicamente a las zonas especificadas” en el comunicado, por lo que los otros territorios que no fueron nombrados en el documento no serán incluidos dentro de esta medida.
El comunicado habla de buena voluntad y proceso de mediación
El Ejército Gaitanista de Colombia afirma que la suspensión del recaudo representa un gesto hacia el presidente electo Abelardo De La Espriella y hacia los mediadores del proceso. En el texto, la organización sostiene que la decisión implica un “menoscabo de las finanzas”, pero la presenta como parte de su intención de garantizar condiciones en los territorios bajo su control. “A pesar del menoscabo de las finanzas que implica la suspensión temporal del recaudo del impuesto de guerra, el Ejército Gaitanista de Colombia continúa garantizando la seguridad y la justicia en los territorios bajo su control”, dice el comunicado.
El documento también señala que la medida constituye “un gesto tangible de buena voluntad” y un reconocimiento a los países mediadores, así como a los acompañantes del proceso. En el pronunciamiento, la organización reafirma su compromiso con los acuerdos alcanzados en la mesa de diálogo y expresa su disposición hacia “una solución negociada al conflicto”. Además, reitera una invitación para que el gobierno entrante designe observadores que acompañen y conozcan el desarrollo del espacio de conversación. “No tenemos nada que ocultar y sí mucho que mostrar sobre lo construido”, señala el comunicado.
