Entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2026, más de 12.000 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado en Colombia debido a la acción de grupos armados ilegales. Así lo revelan las cifras más recientes publicadas por la Defensoría del Pueblo en su Boletín de Movilidad Humana, que detalla los meses y regiones del país donde esta problemática se ha manifestado con mayor intensidad.
Cifras de mayo y confinamiento
Según el informe, solo en mayo de 2026, 2.799 personas tuvieron que abandonar sus hogares a causa de 15 eventos de desplazamiento forzado masivo. Además, otras 15.045 personas vieron restringida su movilidad por la violencia. La Defensoría señala que “el confinamiento se posiciona como el mecanismo más usado por los grupos armados ilegales para ejercer el control territorial”. Mientras estos grupos se apoderan de corredores estratégicos y economías ilegales, las comunidades quedan atrapadas, con graves dificultades para acceder a alimentos, salud, educación y otros derechos esenciales.
Zonas más afectadas
El informe detalla que los eventos de confinamiento se concentraron en Caquetá y Putumayo, mientras que los desplazamientos ocurrieron principalmente en Antioquia, Bolívar, Cauca, Guainía, Guaviare, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca. Casi la mitad de los desplazamientos en mayo se registraron en El Tarra y Tibú (Norte de Santander). También se reportaron hechos en Barrancominas (Guainía), Buenaventura (Valle del Cauca) y Roberto Payán y Linares (Nariño).
Impacto en comunidades étnicas
El boletín destaca que “el desplazamiento y el confinamiento continúan impactando en mayor medida a pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes”. Entre enero y mayo de 2026, los desplazamientos forzados afectaron directamente a 13 comunidades afrodescendientes y 14 comunidades indígenas. Asimismo, el confinamiento afectó territorios habitados por 25 comunidades étnicas: 19 indígenas y 6 afrodescendientes. La Defensoría advierte que “estos hechos sitúan a estas comunidades en un lugar de doble vulneración, pues ven afectadas la garantía de sus derechos fundamentales, la permanencia en sus territorios, sus formas de vida, su cultura, así como sus procesos de autonomía comunitaria”.
Migración y nuevas leyes
En los primeros cinco meses de 2026, 44.597 migrantes estuvieron en tránsito irregular por Colombia, lo que representa una reducción del 38,7 % frente al mismo periodo de 2025 (72.699 personas). El flujo de migrantes desde Panamá hacia Colombia disminuyó un 61,2 %, pasando de 10.246 personas entre enero y mayo de 2025 a 3.980 en 2026. Según la Defensoría, “esta tendencia está relacionada con el endurecimiento de las políticas migratorias en países del norte del continente y el aumento de las deportaciones”.
Mayo también estuvo marcado por un avance significativo en protección de derechos: se expidió la Ley 2577 de 2026, que reconoce el desplazamiento forzado interno asociado al cambio climático, la degradación ambiental y los desastres. Esta norma crea el Registro Único de Desplazamiento Ambiental y establece mecanismos para identificar, proteger y atender a las personas afectadas.
Desplazamiento ambiental
Entre enero y mayo de 2026, la Defensoría hizo seguimiento a 23 eventos de movilidad forzada relacionados con factores ambientales, que provocaron el desplazamiento de 25.453 personas. Córdoba es el departamento más afectado, seguido por municipios de Nariño, Cauca y Norte de Santander.
