Madrid, 10 jun (EFE).- El proyecto de ley que disminuirá el número de estudiantes por clase y acortará la jornada laboral del profesorado está en manos del Partido Popular (PP) en su primer debate en el Congreso la próxima semana. Este debate se centrará en las enmiendas a la totalidad presentadas por el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Junts per Catalunya (Junts).
Abstención del PP: clave para la continuidad de la ley
La abstención de los populares a estas dos enmiendas, que solicitan la devolución del proyecto de ley, permitiría que la norma continuara su tramitación en el Congreso y se debatieran otras propuestas de cambio presentadas por los grupos parlamentarios.
El proyecto de ley afrontará su primer debate político en el pleno del Congreso siete meses después de que la norma fuera propuesta por la exministra de Educación Pilar Alegría y que ha sido retomada por la actual titular de Educación, Milagros Tolón.
Críticas de PNV y Junts: falta de consenso y posible inconstitucionalidad
Tanto PNV como Junts no están de acuerdo con la nueva ley. Argumentan que no ha sido consensuada con las comunidades autónomas, ni contempla un impacto económico real. Además, según los independentistas catalanes, invade competencias autonómicas y es inconstitucional.
Ambas formaciones comparten las necesidades del profesorado de rebajar las ratios en las aulas, pero recalcan que son cuestiones que deben ser abordadas por sus gobiernos autonómicos.
Detalles del proyecto: ratios máximas y reducción horaria
El nuevo proyecto de ley contempla un máximo de 22 estudiantes por aula en primaria y de 25 en secundaria (frente a los 25 y 30 actuales) y rebaja la jornada docente hasta un tope de 23 horas semanales en Infantil, Primaria y Educación Especial, y de 18 en Secundaria y Bachillerato.
Argumentos de Junts: alteración del reparto competencial
La enmienda a la totalidad de Junts asegura que la norma incurre en una "alteración profunda y constitucionalmente inadmisible del reparto de competencias establecido en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, al atribuir al Estado una capacidad reguladora que excede claramente el ámbito de las competencias básicas".
Junts advierte que vulnera los principios de autonomía financiera y trata de imponer obligaciones a las comunidades autónomas "sin garantizar los recursos necesarios para hacerlas efectivas".
Postura del PNV: uniformización del sistema educativo
Por su parte, PNV señala en el texto de su enmienda a la totalidad "la ausencia de una cooperación institucional real con Euskadi —comunidad competente en materia educativa— durante el proceso de elaboración de la propuesta".
"Responde a una visión uniformizadora del sistema educativo, basada en una visión homogénea del Estado que no reconoce ni la diversidad de realidades educativas existentes ni las diferentes necesidades de cada territorio", señala el grupo vasco, que rechaza "la imposición de ratios rígidos y homogéneos".
Próximos pasos: enmiendas parciales y calendario
Las dos enmiendas podrían ser rechazadas con las abstenciones de los 136 diputados del PP, y la norma seguiría con su debate de enmiendas parciales en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes del Congreso. El plazo para presentar enmiendas parciales finaliza el próximo miércoles, 17 de junio, después de haber sido prorrogado dos veces.
Demandas sindicales: más medidas para el profesorado
Los sindicatos de la enseñanza pública y de la concertada han trasladado a los diferentes grupos parlamentarios sus demandas, para que en esta ley se introduzcan otras medidas como que todo el alumnado con necesidades educativas de cualquier tipo cuente doble, más recursos para la red de orientadores o mayores reducciones horarias para el profesorado mayor de 55 años.
La federación de los sindicatos de la enseñanza concertada (FSIE) ha pedido que la reducción de la jornada docente se extienda al profesorado de los centros privados sostenidos con fondos públicos.
Fuentes sindicales señalan a EFE que "seguirán presionando" para que el texto final "blinde" la ley y las comunidades se comprometan a cumplirla sin ningún tipo de excepcionalidad.
Otras enmiendas que han trasladado los sindicatos a los partidos incluyen bajada de ratios en Educación especial, en Educación de personas adultas, en la escuela rural, en FP y en el resto de enseñanzas, así como compensaciones justas por sobrecarga horaria cuando se superen las horas lectivas ordinarias.
Calendario de implantación: progresivo hasta 2032
No obstante, es previsible que el calendario del proyecto de ley no pueda entrar en vigor el próximo curso. En el curso 2026-2027 ya debería entrar en vigor que el alumnado con necesidades educativas especiales (NEEs) cuente doble y la reducción de la jornada docente.
Las nuevas ratios comenzarían a implantarse de forma progresiva: en el curso 2027-2028 en Infantil y Primaria; en 2028-2029 en Secundaria; y en 2029-2030 en Bachillerato, alcanzando su plena aplicación en el curso 2031-2032. EFE
