Caso Yulixa Toloza: avanza proceso contra responsables de su muerte
Caso Yulixa Toloza: avanza proceso contra responsables

La investigación por la muerte de Yulixa Toloza, quien desapareció el pasado 13 de mayo mientras se sometía a una presunta lipólisis láser y cuyo cuerpo fue hallado días después en Apulo, Cundinamarca, continúa avanzando con procesos para judicializar a los presuntos responsables. Mientras la Fiscalía adelanta gestiones para imputar de manera virtual o solicitar la extradición de los tres capturados en Venezuela, tanto el ente acusador como la representación de las víctimas descartaron, por ahora, una investigación contra las amigas que acompañaron a la mujer el día del procedimiento estético.

Vinculados en el caso

Por este caso permanecen vinculadas varias personas, entre ellas María Fernanda Delgado Hernández, propietaria del supuesto centro estético; su pareja, Edison Torres; Eduardo David Ramos Ramos, señalado como supuesto cirujano; además de Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado, investigados por presuntamente intentar alterar las pruebas relacionadas con el vehículo utilizado para abandonar el cuerpo. Entretanto, continúa prófugo un hombre identificado como “Leo”, señalado como supuesto anestesiólogo y quien habría participado tanto en el procedimiento como en la desaparición del cuerpo.

Dificultades para identificar al anestesiólogo

Fuentes de la Fiscalía indicaron que las dificultades para establecer plenamente la identidad de este hombre han impedido, hasta el momento, la expedición de una orden de captura o una circular de Interpol. Frente a esta situación, el abogado de las víctimas, Juan Camilo Caicedo, representante de la familia Barreño, allegados y cuidadores de Yulixa, manifestó: “Espero que la Fiscalía, si no ha tramitado la orden de captura, proceda rápidamente a ir ante los jueces de control de garantías para que los jueces de garantías expidan esa orden de captura y, en caso de encontrarse en el exterior, rápidamente se proceda a librar las correspondientes circulares ante Interpol para que sea detenido tan pronto como sea posible”.

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Amigas solo son testigos

Sobre las versiones que apuntaban a una posible investigación por omisión de socorro contra las amigas de Yulixa Toloza, el representante de la familia fue enfático en señalar que actualmente su condición procesal es únicamente la de testigos. “Es importante aclarar que, hasta ahora, y de los elementos materiales probatorios que ha ido recolectando la Fiscalía, la única vinculación jurídica que tienen ellas es de testigos. Por demás, ellas son unas testigos bastante importantes para la teoría del caso de la Fiscalía. Cualquier información adicional es especulativa, y yo entiendo que no existen líneas investigativas adicionales de la Fiscalía al respecto”, aseguró.

Familia pide justicia en Colombia

La familia de la víctima insiste en que la prioridad actual es que todos los responsables respondan ante la justicia colombiana. Daniel Barreño, sobrino de Yulixa, afirmó que “siempre he dicho que ella no merecía morir así (...) ahora nuestra prioridad se está enfocando en la parte de la justicia. Mi tía no me la pueden entregar viva otra vez, pero sí se pueden cumplir las consecuencias de esos fatales crímenes que se han cometido contra ella”. Asimismo, pidió que “se haga justicia aquí en Colombia, ya que el delito se cometió aquí, las atrocidades se cometieron aquí y deben responder, desafortunadamente, a los errores que se cometieron aquí”. De igual forma, pidió a las autoridades seguimiento y prevención de este tipo de establecimientos irregulares.

Solicitud de extinción de dominio

Finalmente, la representación de las víctimas solicitó a la Fiscalía iniciar el trámite de extinción de dominio sobre los bienes presuntamente utilizados para la comisión de los delitos. Según explicó el abogado Juan Camilo Caicedo, “había unos bienes, específicamente unos inmuebles, pero también unos muebles y equipos médicos, que estaban siendo utilizados para la comisión de delitos”, por lo que pidió que sean objeto de estudio para determinar si deben pasar al Estado y si los equipos médicos pueden ser destinados a una eventual reparación de las víctimas.

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