Badajoz, 8 jun (EFE).- El abogado de Miguel Ángel Gallardo, Juan José Torres, ha solicitado este jueves una sentencia absolutoria para su cliente al considerar que no existe ninguna prueba de cargo que desvirtúe la presunción de inocencia. Además, ha sido crítico con el informe de la Unidad Central Operativa (UCO), al entender que recoge valoraciones subjetivas en lugar de datos objetivos.
Torres ha abierto las exposiciones de los informes definitivos de las defensas particulares en el juicio que se sigue en la Audiencia de Badajoz contra el expresidente de la Diputación pacense, Miguel Ángel Gallardo, y David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por la contratación de este último en la citada institución provincial. Las acusaciones populares piden hasta seis años de prisión para Gallardo, a excepción de Manos Limpias, que solicita tres años.
Argumentos de la defensa
Torres ha expuesto que las declaraciones y la prueba testifical y documental avalan que los procedimientos administrativos de creación y adjudicación de la plaza otorgada a David Sánchez fueron correctos y conforme al ordenamiento jurídico. Para el letrado, la única posible prueba que apunta a que Gallardo dio el pistoletazo de salida para el proceso de la plaza de David Sánchez radica en las declaraciones valorativas del teniente coronel de la UCO, Antonio Balas, quien se apartó de lo informado en los atestados.
La decisión inicial de creación del puesto no parte del presidente, ha argumentado el letrado frente a lo que apuntó Balas. Además, ha recordado que la plaza de coordinador de conservatorios, la que fue adjudicada a David Sánchez, ya existía con anterioridad y que la aprobación para cubrirla partió del pleno de la Diputación.
Tardanza y cambios en el puesto
En cuanto a la tardanza en ocupar la plaza, alrededor de cinco meses, el letrado ha dicho que los técnicos han corroborado que los presupuestos anuales conllevan un período de trámite y, además, había que encajar la ubicación del puesto en el organigrama. La declaración de Balas adolece de muchos errores, ha insistido Torres, entre ellos a esa tardanza relacionada, según las acusaciones, para que fuera otorgada a David Sánchez.
De la misma forma, ha rechazado que en el cambio de nomenclatura del puesto, de coordinador de los conservatorios a jefe de la Oficina de las Artes Escénicas, David Sánchez influyera en Miguel Ángel Gallardo y éste en los empleados provinciales. Una modificación cuyo trámite fue legal y no representó un cambio de funciones en el puesto, cuestión donde Gallardo, además, solo votó en el pleno lo mismo que el resto de diputados, ha insistido.
Conclusión
Torres ha cerrado su intervención diciendo que adjudicar una plaza a dedo es un delito, pero de esto no hay pruebas que se desprendan ni del informe de la UCO ni de las testificales. Todo son conjeturas, ha insistido. EFE jlr/as/mcm
