La controversia generada por la solicitud de la congresista Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, de suspender provisionalmente al presidente Gustavo Petro por presunta participación en política, ha llegado a la rama judicial. El exministro de Vivienda Luis Felipe Henao presentó una demanda ante la Corte Suprema de Justicia contra Arizabaleta por el delito de prevaricato.
Detalles de la demanda
El abogado Henao acudió a la Sala de Instrucción del alto tribunal para denunciar que la congresista, en su providencia, reconoció explícitamente que la Constitución establece un procedimiento especial para juzgar al presidente, el cual involucra a la Cámara de Representantes y al Senado. Sin embargo, según Henao, Arizabaleta decidió apartarse de esa regla constitucional y aplicar directamente la legislación disciplinaria, decretando por sí sola la suspensión del jefe de Estado.
En la denuncia se argumenta que la congresista actuó con pleno conocimiento de que sus acciones iban en contra de la ley. “Quien reconoce expresamente la regla y, no obstante, resuelve apartarse de ella, actúa con pleno conocimiento de que su decisión desborda el ordenamiento”, señala el documento presentado.
Elementos de la acusación
Henao sostiene que “estos elementos, en conjunto, permiten inferir que la actuación no obedeció a un error de buena fe, sino a un proceder consciente y dirigido, lo que deberá esclarecerse en la investigación”. La denuncia busca que se determine si existió prevaricato por parte de la congresista del Pacto Histórico.
Contexto de la polémica
La tormenta política se desató cuando Arizabaleta firmó un documento proponiendo la suspensión temporal del presidente Gustavo Petro. La medida, de carácter cautelar, busca separarlo del cargo sin derecho a remuneración hasta el 21 de junio de 2026 a las 4:00 p.m., coincidiendo con el cierre de la segunda vuelta electoral. La congresista argumenta que es necesario proteger la integridad del proceso electoral ante una presunta falta gravísima por intervención en política, basada en mensajes difundidos por Petro en su cuenta de X entre el 6 y el 9 de junio de 2026.
Este caso pone de manifiesto la tensión entre los poderes del Estado y la interpretación de las normas constitucionales frente a la disciplina partidista.
