Este martes 2 de junio se consolidó un avance determinante en el proceso judicial que busca esclarecer las circunstancias que rodearon el fallecimiento de la menor Valeria Afanador en el municipio de Cajicá. La Fiscalía General de la Nación radicó ante los jueces con función de control de garantías la solicitud de imputación de cargos por el delito de homicidio culposo contra dos personas vinculadas a la institución educativa donde estudiaba la niña: Emely Fuentes y Danny Javier Ochoa.
Detalles de la conciliación
El representante jurídico de la institución educativa, Francisco Bernate, reveló en entrevista con EL TIEMPO que hace aproximadamente 15 días se llevó a cabo una audiencia de conciliación motivada por los parientes de la niña. En esa diligencia, la familia expuso una cifra que la institución consideró inasumible: 11 mil millones de pesos. Bernate manifestó: "Nosotros hace 15 días tuvimos una audiencia de conciliación con la familia de Valeria y las pretensiones de la familia son de 11 mil millones de pesos, entonces pues es una situación que no hay como responder".
El abogado enfatizó que, aunque el colegio ha mantenido su disposición para colaborar con las autoridades y esclarecer los hechos, el monto solicitado dificulta cualquier acuerdo directo. "El colegio siempre ha manifestado no solamente su intención de comparecer ante las autoridades, de esclarecer los hechos y todo esto, sino que de hecho estuvimos en una diligencia de conciliación provocada por la familia a ver si era posible llegar a algún acuerdo y es ahí donde se nos hace una solicitud de 11 mil millones de pesos y pues ante eso no podemos hacer mucho", señaló.
Avance en la investigación
La fiscal asignada al caso, María Camila Prieto, fue la encargada de remitir el documento oficial a las víctimas, informándoles que la diligencia busca establecer las posibles omisiones en el deber de protección y custodia que los adultos responsables debían ejercer sobre la estudiante de 10 años el día de su desaparición. Esta decisión se fundamenta en los elementos materiales probatorios que el ente acusador ha recolectado durante casi diez meses de indagaciones tras los sucesos ocurridos en agosto de 2025.
La cronología de los hechos consignada en el expediente indica que la menor fue vista por última vez el 12 de agosto de 2025, cuando se encontraba en las instalaciones del Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe. Durante un receso escolar, Valeria se desplazó sin compañía hacia la zona deportiva del plantel y, al notar su ausencia, la institución activó una alarma de evacuación cerca del mediodía y contactó a la madre de la niña aproximadamente a las 12:50 de la tarde. El reporte de desaparición originó un despliegue operativo con más de 200 rescatistas de organismos como la Policía, el CTI y Bomberos de Cundinamarca, quienes realizaron rastreos con drones y caninos especializados. El hallazgo del cuerpo se produjo 18 días después, el 29 de agosto, en aguas del río Frío, a una distancia estimada de 300 metros del centro educativo.
Reacción de la defensa del colegio
Respecto a la notificación de la Fiscalía sobre la vinculación formal de dos empleados, la defensa aseguró que el escenario no resultó inesperado debido al desarrollo de las actividades procesales recientes. "No nos toma por sorpresa. En los últimos días se venían realizando diligencias, se realizaron interrogatorios, se realizaron arraigos, y eso nos dejó claro que esto iba a pasar. Entonces, de alguna forma estábamos preparados", explicó Bernate a EL TIEMPO.
Bernate también destacó la labor de la fiscal María Camila Prieto, indicando que el ente investigador ha procedido con cautela al no vincular a la rectora del plantel en esta etapa inicial. "Es muy importante señalar que la Fiscalía ha actuado de una manera prudente, en la medida en que está claro que la rectora de la institución no tiene ninguna responsabilidad en esto y en buena hora han actuado con prudencia y no están las personas citadas", afirmó.
Situación de los imputados
La defensa aclaró la situación contractual y las funciones de los dos implicados en la imputación. Bernate precisó que Emely Fuentes ya no labora en la entidad, mientras que Danny Javier Ochoa permanece vinculado pero en una dependencia distinta a la que ocupaba cuando ocurrieron los hechos. "Hasta febrero del 2025 era el encargado de infraestructura, pero a partir de febrero es el coordinador de compras del colegio. No tiene ninguna relación con estos hechos y bueno, vamos a enfrentar esta situación como corresponde", detalló el abogado.
Asimismo, recordó que la infraestructura del plantel contaba con avales de seguridad previos al suceso, mencionando que en julio fue inspeccionada por los bomberos y la Gobernación, quienes indicaron que las instalaciones funcionaban adecuadamente antes de que se ordenaran cerramientos adicionales tras el evento. El equipo jurídico del Gimnasio Campestre Los Laureles ratificó que no habrá aceptación de los cargos de homicidio culposo en las audiencias venideras y que el colegio continúa operando habitualmente.
Respuesta de la familia de Valeria Afanador
Tras conocerse la decisión de la Fiscalía de imputar cargos por homicidio culposo, los familiares de Valeria Afanador expresaron su desacuerdo con la calificación jurídica del delito y con el número de personas vinculadas al proceso. Manuel Afanador, padre de la menor, manifestó en declaraciones a Citytv que la investigación debería considerar una conducta dolosa debido a lo que perciben como una negligencia en el cuidado de la niña.
Según el progenitor, el equipo jurídico de la familia ya había solicitado formalmente que la imputación fuera de este modo. "Esta es la punta del iceberg. Aquí estamos viendo mucha negligencia. En enero de este año, a través de nuestro equipo jurídico y de nuestro representante legal, Julián Quintana, radicamos ante la fiscal primera de Zipaquirá, quien lleva la investigación por la muerte de Valeria, una solicitud de imputación por homicidio doloso y no culposo. Sin embargo, la fiscal decidió imputar cargos por homicidio culposo", señaló.
La familia sostiene que el círculo de responsabilidad debería ampliarse para incluir a otros miembros de la comunidad educativa que tenían obligaciones de supervisión aquel día. "Además de la imputación de cargos, hemos solicitado el cambio de fiscal. No es posible que, diez meses después, apenas tengamos una imputación por un delito que no corresponde y que solo dos personas sean vinculadas al proceso, cuando tenemos un listado de más de seis personas que deberían responder por la omisión del deber de cuidado de Valeria", agregó Manuel Afanador.
Por su parte, el abogado de las víctimas, Julián Quintana, manifestó en diálogo con la sección Bogotá de EL TIEMPO que la principal disconformidad radica en la exclusión de la directiva de la institución en el pliego de cargos. Quintana aseguró que se dejó por fuera a la rectora, quien a su juicio posee responsabilidad.
